Una nueva arista del caso conocido como licencias médicas falsas reveló la Contraloría General de la República, que encabeza Dorothy Pérez, quien en el marco de la cuenta pública 2026 adelantó que “se trata de 6.311 casos de personas que justificaron su inasistencia al servicio público, pero sí podían trabajar en el sector privado en esas mismas fechas”.
En el marco de su intervención ante diversas autoridades encabezadas por el Presidente de la República, José Antonio Kast, la titular del órgano de control agregó que “recibían rentas por trabajos en dos o tres partes. Hay que despejar y ver el margen de error, pero la mayoría de los casos son reales”.
Se trata de un nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) que cruzó datos entre 2023 y 2024 de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), respecto de servidores públicos que tuvieron uno o varios meses completos de reposo con quienes recibieron mensualmente remuneraciones y/u honorarios durante el período analizado, de acuerdo a los registros proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
De esta forma, se llegó a la cifra de que 6.311 servidores públicos presentaron licencia médica en una entidad del sector público y habrían vulnerado el respectivo reposo, ya que, en ese mismo período, habrían trabajado y recibido ingresos de otro empleador, en donde no consta que hayan presentado licencias. De los 6.311 servidores públicos, 682 corresponden a servidoras con licencia de pre y post natal.
Además, un 72% de las licencias corresponde a Fonasa y 28% a Isapre. Un total de 2.538 funcionarios con reposo médico recibieron remuneraciones de parte de otras instituciones del sector público y/o privado. 3.611 con reposo médico recibieron honorarios de parte de otras instituciones del sector público y/o privado; y 162 funcionarios con reposo médico recibieron remuneraciones y honorarios de parte de otras instituciones del sector público y/o privado.
También se detalla que 150 servidores públicos estando con licencia médica recibieron honorarios de parte de plataformas digitales de intermediación de servicios (transporte, entrega de alimentos, compras u otros encargos).
Contraloría informó que de los 6.311 servidores públicos involucrados, 862 también fueron reportados en los informes sobre servidores que habrían salido del país durante su período de reposo médico. En tanto, 427 fueron dados a conocer en el relativo a servidores que habrían apostado en casinos de juego durante el lapso de reposo médico. Finalmente, 138 fueron informados tanto en los reportes de viajes al extranjero como en el de casinos.
Organismos involucrados
El ranking con las entidades con mayor cantidad de servidores que habrían realizado otros trabajos durante el período de reposo la encabezan la Fundación Integra, con 214 personas y 1.733 licencias; la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) con 196 y 1838 licencias; el Servicio de Salud de Concepción, 114 con 846 licencias; la Universidad de Chile, con 110 funcionarios y 790 licencias; y el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota con 802 licencias.
La contralora Pérez recordó que el caso de licencias médicas falsas abarca unas 55.933 situaciones: “Nos hemos comprometido con el Congreso a hacer todos los años esta fiscalización, donde ya logramos US$ 645 millones de ahorro que se generó este año al Fisco”.
De esta forma, Pérez confirmó que seguirá adelante con su cruzada de velar por el buen uso de los recursos públicos, que fue la línea conductora de su discurso de este lunes, donde llamó a “robustecer el sistema nacional de control”.
Planteó que su labor estará “destinada a fortalecer la confianza ciudadana y mejorar la función pública. El control nos da una estructura, nos fortalece y nos da un camino seguro para crecer con un propósito como país, para crecer como una nación cada vez más sólida”.
La contralora también indicó que desde 1 de abril comienza a demandar directamente ante tribunales de Justicia el cobro ejecutivo de las sentencias del juicio de cuentas para recuperar directamente esos recursos. “No lo podíamos hacer por falta de personal, pero ya hemos acomodado internamente los equipos para este fin”, afirmó, junto con reiterar la necesidad de mayores recursos y personal para cumplir de mejor manera su propósito.
Una de las tareas que encomendó a las instituciones públicas es mejorar sus sistemas de seguridad para evitar ciberataques, indicando que es un riesgo alto que sufren hoy muchos organismos.
Las cifras anuales
La contralora Pérez informó en su cuenta anual que hubo 2.619 actividades de fiscalización, un 13% de aumento en relación al ejercicio pasado, con la misma cantidad de personas y recursos, 1.804 inspecciones por denuncias, 358 auditorías de cumplimiento normativo, 288 investigaciones especiales, que fueron las que generaron más hallazgos; 86 inspecciones de obras públicas; y 83 auditorías financieras.
También reveló que hubo demandas ante juzgados de cuentas por $ 29 mil millones, es decir, un 152% más que en el ejercicio anterior; 13.860 órdenes de reintegro de remuneración mal percibidas, es decir, un 51% por encima del año previo; y que hay 134 juicios de cuentas para recuperar dineros.
Finalmente, la autoridad reiteró que hay plazo hasta el 31 de marzo para actualizar la declaración de patrimonio para los funcionarios públicos y que al 11 de abril deben presentar sus declaraciones de patrimonio e intereses los nuevos ministros de Estado.
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