Si bien el foco del debate público se ha posado en los últimos días sobre el histórico aumento del precio de los combustibles, en las instituciones del aparato estatal la pasa por cómo hacer cumplir una de las primeras instrucciones del nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y del director de Presupuestos, José Pablo Gómez.
Se trata del millonario recorte de gasto por US$ 4.000 millones que instruyó la autoridad el pasado 16 de marzo, cuyos plazos perentorios ya han comenzado a cumplirse. El primero fue el 20 de marzo, fecha límite para que los organismos estatales le enviaran una propuesta a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para aplicar el ajuste, que implica la reducción pareja de un 3% del gasto bruto, con US$ 3.000 millones iniciales y US$ 1.000 millones adicionales a través de mayor control sobre lo que el Ejecutivo considera "fraudes", como la emisión de licencias médicas falsas, o medidas que entreguen mayor eficiencia en el uso de los recursos.
De lograrse el objetivo de movilizar US$ 4.000 millones en recursos estatales este año, el impacto no sería menor en dos indicadores clave: la expansión del gasto fiscal y el nivel de déficit tanto efectivo como estructural de las arcas públicas.
Dicho lo anterior, economistas calculan que una reducción del erario llevaría a una caída del gasto total superior al 2% este año, contrastando con el crecimiento de 1,7% aprobado en el Presupuesto 2026.
La economista senior de LyD, Macarena García, estima que los desembolsos del aparato estatal se contraerían un 2,4% este año en caso de aplicarse el ajuste en su totalidad. En tanto, el gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández, anticipa una rebaja del 2,6% en el gasto total del Gobierno Central.
Un recorte de gasto por US$ 4.000 millones equivale a cerca de 1% del PIB, por lo que es "significativo" en términos de magnitud, expone el economista de Santander, Rodrigo Cruz. Sin embargo, dice, su impacto efectivo sobre el déficit no depende solo del ajuste anunciado, sino también de la ejecución del gasto.
"Históricamente, se ha observado que recortes en algunas partidas conviven con mayores ejecuciones en otras que son más difíciles de ajustar. Por ejemplo, el gasto en Salud, excluyendo los años de pandemia, ha tendido a ubicarse por sobre lo presupuestado en torno a 0,5% del PIB. Por lo tanto, de repetirse este comportamiento, el ajuste neto podría terminar siendo más acotado, posiblemente cercano a la mitad o menos en términos de reducción del déficit", sostiene.
Un ajuste de gasto de esta magnitud incidirá negativamente entre 0,4% a 0,6% sobre el crecimiento previsto en el año, sólo considerando esta variable, calcula el economista senior de Bci Estudios, Antonio Moncado. De contemplar un ajuste al gasto asociado al consumo de Gobierno, éste podría ubicarse en la parte alta de este rango y ser más persistente que si el ajuste se produce en inversión pública o transferencias, agrega.
"La reducción prevista llevará al gasto a pasar de un crecimiento de 1,7% real a una contracción de 2,5% real", sostiene.
Reducción del déficit
¿Cómo amortiguaría esto el déficit? El saldo efectivo y estructural pasaría a 0,8% del PIB y 1,7% del PIB, respectivamente, desde el -1,8% y -2,7% que estimó el Ejecutivo en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP).
El decano de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, argumenta que el impacto en el déficit efectivo y estructural es difícil de determinar todavía, a la espera que el Ejecutivo presente su primer IFP, donde se ratificarán o modificarán las últimas metas. Si estas cifras se ratificaran, el déficit efectivo se reduciría a 0,8% del PIB con este masivo recorte del gasto, dice.
"Esto dejaría al cierre de año una base de unos $ 82 billones (casi US$ 88.000 millones al tipo de cambio actual) de gasto efectivo para discutir la ley de Presupuestos de 2027. Entonces el Ejecutivo tendrá que determinar la envergadura y viabilidad de un nuevo recorte, por ejemplo, manteniendo los valores nominales para 2027", complementa el exsubsecretario de Hacienda.
El recorte del gasto equivale a cerca de 1% del PIB, por lo que tanto el déficit efectivo como el estructural se reducirían en esa magnitud, calcula García, por lo que el balance global sería de -0,8% del PIB y el estructural -1,7% del PIB. "En todo caso, esto considera que se obtienen los ingresos estructurales y los gastos proyectados por el gobierno anterior en el último Informe de Finanzas Públicas", advierte.
El exdirector de Presupuestos y académico de la Universidad de los Andes, Matías Acevedo, calcula que el déficit efectivo se reduciría en 1,1 puntos del PIB, pero como los ingresos están "sobreestimados" en US$ 2.500 millones para este año (un 0,7% del PIB), la reduccion neta del deficit efectivo será 0,4 puntos del Producto. "Esto sería una contracción del gasto de 2,6% respecto del 2025", concluye.
La impresión que tiene la directora del Centro de Estudios Financieros (CEF) de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, es que parte de ese recorte no sería disminución neta de gasto, porque será necesario reasignar a ítems que parecen estar subpresupuestados en la Ley de Presupuestos, como las subvenciones educacionales o los recursos del Mepco.
"Es difícil estimar a cuánto ascienden esos compromisos no presupuestados. Podría ser entonces que el ajuste neto del gasto terminara siendo cercano a la mitad. Por otro lado, también hay indicios de que nuevamente existe una sobrestimación de ingresos (al menos de US$ 1.000 millones respecto al último IFP). Entonces, haciendo esas correcciones, con un ajuste de gasto de US$ 2.000 millones, el gasto tendría un crecimiento real cercano a cero, y en ese caso el déficit estaría algo por debajo de 2% del PIB", sostiene.
Fernández, en contraste, señala que considerando que los ingresos totales estimados en el último IFP están "sobreestimados", el déficit efectivo podría reducirse a 1,5% PIB en vez del 1,8% del IFP, lo que, en todo caso, "no se podría alcanzar ejecutando el gasto previsto en ese informe".
¿Y el 2027?
Uno de los principales desafíos tanto de Quiroz como de Gómez será proyectar el recorte de recursos de este año para el Presupuesto 2027, el primero que deberá construir la nueva administración y cuyo plazo máximo de presentación ante el Congreso es el próximo 30 de septiembre.
García explica que para que sea un efecto permanente, el gasto del 2027 hacia adelante deberá reducirse en al menos el mismo monto que en 2026. En caso contrario, en pocos años se volverá al nivel original y el ajuste habría sido solo transitorio, enfatiza: "La proyección de los ingresos estructurales que hizo recientemente la Dipres es muy optimista, ya que proyecta un crecimiento de 6,3% para 2027. Si se corrigen a la baja los ingresos estructurales, como se espera así ocurra, el gasto podría terminar disminuyendo para cumplir la meta".
Para Moncado, el escenario actual da cuenta de que las holguras de gasto son negativas durante todo el período del actual Gobierno, por lo que adoptar la regla fiscal actual exigirá "mantener contracciones reales del gasto, de forma de ir reduciendo el balance estructural y converger a la meta de balance 0% del PIB a 2029".
Cruz, por su parte, argumenta que de cara a 2027, el resultado dependerá en buena medida de los nuevos parámetros estructurales, que podrían ajustarse al alza: "En todo caso, mientras el gasto crezca por debajo del PIB, ello permitiría avanzar gradualmente en la reducción de los déficits".
Considerando que el objetivo es reducir el gasto de manera permanente, aquel que se ejecute en 2026 luego de la reducción de US$4.000 millones debería ser la base para calcular el gasto en 2027, expone Fernández: "Esto significa que el gasto no debería (necesariamente) reducirse el próximo año respecto del actual, pero sí que debería crecer muy poco para continuar con la disminución del déficit".
Todo indica que será "difícil" esperar que el gasto pueda crecer el 2027, fundamenta Acevedo, ya que su escenario "optimista" implica un crecimiento del gasto nulo, de 0%: "El escenario esperado es que siga ajustándose para converger a los ingresos estructurales que tenemos y no los que soñamos", plantea.
Es difícil que el gasto total caiga el próximo año, dado que hay ítems que por ley deben crecer, producto de la reforma de pensiones, y otras demandas que resultan muy relevantes, argumenta Cifuentes: "Si durante estos cuatro años el gasto se mantiene constante en términos reales, se puede ir resolviendo gradualmente el problema de sostenibilidad".
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Sebastian Valdenegro
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