Esta semana la ministra de Energía, Ximena Rincón, mostró su muñeca. Ante la inminente alza en las cuentas de la luz que partirían el 1 de abril, tomó una decisión política: posponer el aumento por concepto de Valor Agregado de Distribución. Así, la deuda que debía comenzar a saldarse en abril, comenzará a ser cobrada en julio o incluso se ha indicado que podría aplazarse para el próximo año. Mientras tanto el ministerio trabaja contra el tiempo para buscar un mecanismo que permita que el alza sea la menor posible.
Pero esta no es la única decisión que debe enfrentar la cartera liderada por la ministra Ximena Rincón y el subsecretario Hugo Briones. Todavía tienen varias determinaciones que tomar, algunas de ellas en coordinación con otras secretarías de Estado. En ese listado de definiciones pendientes está, por ejemplo, el nombramiento del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, el reingreso de los decretos sobre PMGD a Contraloría y la hoja de ruta legislativa en el proyecto de Hidrógeno Verde, entre otros.
Caducidad de la concesión de Enel
Tras el temporal del 2 de agosto de 2024, que mantuvo a miles de clientes sin luz por varios días (veinte en los casos más extremos), la cartera liderada por el entonces ministro Diego Pardow, ordenó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) iniciar el proceso de caducidad de la concesión de la empresa Enel Distribución en la Región Metropolitana, argumentando incumplimiento en los plazos de reposición del servicio y falta de medidas de prevención ante el fenómeno climatológico.
Si bien el plazo de 18 meses que tenía la SEC para emitir el informe técnico que respaldara la decisión presidencial ya se cumplió en febrero pasado, Enel recurrió a la Corte de Apelaciones en octubre de 2024. La compañía se defendió aduciendo que las interrupciones del servicio se produjeron por eventos de fuerza mayor.
Mientras no se destrabe la situación judicial, reconocen al interior de Energía, están “en un zapato chino”. Si bien no hay impedimento legal para que la SEC continúe el proceso de caducidad, al estar judicializado el proceso el informe conclusivo que debe emitir el organismo se atrasa, toda vez que la decisión del tribunal puede cambiar las calificaciones asignadas por el fiscalizador.
Como el requerimiento recién está en la Corte de Apelaciones y las partes pueden recurrir a la Suprema, todavía queda camino por delante y al interior del Gobierno saben que puede extenderse. Habiéndose zanjado en tribunales, la SEC debe emitir el informe conclusivo que se le entrega, en este caso, a la ministra de Energía y, esta, a su vez, al Presidente de la República quien es finalmente el que decide si caduca o no la concesión.
Fuentes de la industria indican que la judicialización a la que alude la autoridad es una forma de justificar el atraso de la SEC, porque no hay una norma, ley o reglamento que diga que un proceso de caducidad se paraliza por temas judiciales.
De todas formas, al interior del Gobierno ven poco factible que se caduque la concesión, por las implicancias técnicas que tiene iniciar una nueva licitación y porque sostienen que la empresa puede mejorar sus procesos antes de que se emita el informe.
Contactados, desde Enel declinaron referirse al tema.
Trascendió que los decretos reingresarán a más tardar la primera quincena de abril y, al menos, el 125 tendría un cambio relacionado a materias de almacenamiento energético y baterías.
Reingreso de decretos por PMGD
Antes de terminar su período, la administración Boric dejó ingresados a la Contraloría para su toma de razón los decretos n°125, de coordinación y operación del Sistema Eléctrico Nacional, y el n°88, que aprueba reglamento para medios de generación de pequeña escala (PMGD), entre otros.
Al asumir, el nuevo Gobierno los retiró para su análisis y revisión; una decisión que a juicio del director ejecutivo Generadoras Independientes de Energía, Mauricio Utreras, “nos parece muy razonable, porque han sido dos decretos que no tienen consenso transversal en el sector”.
Lo que debe revisar Energía, por un lado, es el reglamento para los PMGD que corrige las posibles distorsiones que se originaron en el mecanismo de estabilización de precios y cómo estos podrían afectar al resto de los actores del sistema, antes de su entrada en vigencia. Y por el otro, revisar el marco normativo creado para cualquier cambio metodológico de los PMGD.
Según trascendidos de Energía, los decretos reingresarán a más tardar la primera quincena de abril y, al menos, el 125 tendría un cambio relacionado a materias de almacenamiento energético y baterías. En todo caso, Utreras espera que la autoridad “se tome el tiempo. No hay apuro en este sentido porque básicamente lo que se está jugando son 10 años de desarrollo del sistema”.
“Hay que separar las aguas y avanzar en los temas donde hay consenso. Nosotros esperamos reunirnos en los próximos días con la ministra Rincón porque esperamos que cualquier modificación que se haga a los decretos, por lo menos se espere a recibir a todos los actores del sector”, cierra Utreras.
Proyecto de Hidrógeno Verde
A principios de diciembre, la Cámara Baja despachó al Senado el proyecto que fomenta la industria del Hidrógeno Verde (H2V) (boletín 17777-05), a través de incentivos tributarios a la demanda de H2V y sus derivados. Por ahora no es prioridad dentro de la agenda legislativa, reconocen fuentes del Ministerio de Energía, por lo que no se ha definido qué hacer con su tramitación, aunque el subsecretario de Energía, Hugo Briones, señaló a El Mercurio que tampoco tienen pensado retirarla del Congreso.
Hace solo una semana Rincón aseguró que si bien hay que seguir avanzando en esta materia “hoy día no es competitivo, entonces no podemos poner todas las fichas ahí, pero no podemos dejar de hacer todo lo necesario para que cuando sea el minuto estemos listos y no empecemos recién a pensar”.
Según datos de la Asociación Chilena de Hidrógeno, a diciembre de 2025 hay 83 proyectos anunciados en diferentes fases de desarrollo a nivel nacional: 46 son de producción y comercialización de hidrógeno y derivados, 33 son de uso de H2V en distintas aplicaciones y 4 corresponden a manufactura de componentes en la cadena de valor.
Esta iniciativa es tramitada, además, con los ministerios de Hacienda y Economía. Desde Hacienda señalaron que “el proyecto se encuentra en el Congreso e involucra a los ministerios sectoriales en las materias que le son propias. En paralelo, el Plan de Reconstrucción Nacional contempla medidas orientadas a facilitar la inversión”.
Nombramiento Comisión Nacional de Energía
El actual secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Mauricio Funes, está subrogando el cargo, tras la salida de Marco Mancilla por el error en el cálculo de las cuentas de tarifas eléctricas, en octubre pasado.
Funes era el jefe del departamento jurídico y cuenta con experiencia en la CNE, y los ministerios de Energía y Transportes. El cargo debe ser llenado por el sistema de Alta Dirección Pública y ya se enviaron los perfiles al Servicio Civil, cuyo concurso debe abrirse próximamente. Al interior de la CNE, dicen que todavía no saben si Funes será ratificado en el proceso de ADP, pero de no serlo, volverá a su cargo anterior como jefe jurídico.
“Si bien han sido meses exigentes, me siento contento y orgulloso del trabajo que hemos realizado como institución. No solo logramos encauzar y cerrar procesos complejos (...) sino que también hemos enfocado nuestros esfuerzos en mejorar nuestros procesos y gestión interna. Sin duda nos queda mucho por avanzar, pero seguiremos trabajando con un foco claro: una regulación moderna, predecible y alineada con las necesidades del país”, posteó Funes en su LinkedIn hace una semana.
Nombramiento Comisión Chilena de Energía Nuclear
Al interior de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) están al tanto que el actual presidente del Consejo Directivo, Julio Maturana, no será ratificado como tal. Es más, Maturana puso su cargo a disposición el 11 de marzo, pero por razones de quórum del Consejo sigue ejerciendo.
Maturana fue subsecretario de Energía del Gobierno anterior y asesoró la campaña presidencial de Jeannette Jara, por lo que para nadie al interior de la CChEN es una sorpresa su salida. Desde la Comisión explican que el nombramiento depende exclusivamente del Presidente de la República y que el proceso está en curso.
Fuentes cercanas a Maturana aseguran que todavía no ha existido una comunicación formal desde el Ministerio, pero que su intención tampoco es quedarse más allá de lo necesario para dar continuidad de funcionamiento. El Consejo está integrado por siete miembros y lo componen representantes de las fuerzas Armada y Aérea, el Ejército, el ministerio de Salud y Energía, y el Consejo de Rectores.
Ajustes en las cuentas de la luz y posibles ayudas
En medio de la presión oficialista por más medidas que ayuden a mitigar el impacto del bencinazo, en el Ministerio de Energía están centrando su atención en cómo resolver el alza que tendrán las cuentas de la luz por concepto de Valor Agregado de Distribución (VAD). En un inicio la deuda debía comenzar a pagarse en abril, pero la SEC lo pospuso a julio y ahora el Ejecutivo analiza mover el alza al próximo año.
Si bien el Gobierno anterior dejó una propuesta hecha, la administración actual está buscando una fórmula que permita “que las familias no tengan que ver encarecidas sus cuentas. Esta es una deuda que existe, que es real, que tiene un efecto combinado de no haber aplicado el VAD y además de la deuda producto del congelamiento del cobro en la época de la pandemia y el estallido”, ha explicado Rincón.
En efecto, la deuda que se arrastra ya sobrepasa los US$ 800 millones y aunque desde la academia y la SEC han planteado al menos otras tres vías (que, dependiendo cuál se adopte, podrían incrementar los intereses), la decisión todavía no está tomada. Tanto Briones como Rincón dijeron que no se tomarán los tres meses de plazo extra para sacar adelante y anunciar este mecanismo, y al interior de la cartera reiteran que en los próximos días debería informarse la decisión.
Adicionalmente, Rincón debe definir qué ayudas se implementarán para mitigar el impacto del alza en los sectores más vulnerables, que ya se están viendo afectados por la subida del petróleo. Este miércoles el Gobierno anunció la entrega de un bono para pescadores artesanales -similar al de los taxistas- y un beneficio cercano a los US$ 225 millones para que las municipalidades entreguen gas al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.
En cuanto a subsidios por las cuentas de luz, la ministra Rincón precisó que el que está vigente es el subsidio originado por el alza que saldó la deuda con las generadoras y que aún tiene un tercer llamado abierto. Por VAD, eso sí, de momento no existe un beneficio que amortigüe la subida y ese es, precisamente, el punto clave del anuncio.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Ministerio de Energía
{{/if}}
