A raíz de la información entregada por la Contraloría acerca de que algunos municipios destinaron más recursos a celebraciones que a ayudas sociales durante los años 2024 y 2025 se generó una fuerte molestia entre los parlamentarios de distintos distritos, uno de ellos el representante de la UDI en Coquimbo, Marco Sulantay, quien este martes no dudó en proponer una sanción para estos organismos.
El diputado gremialista e integrante de la Comisión de Minaría en la Cámara Baja, propuso suspender las transferencias que actualmente se le hacen a las municipalidades, como parte de la recaudación del royalty minero, con el fin de destinar esos recursos a “fortalecer las ayudas sociales que implementó el Gobierno ante el alza de los combustibles y el aumento del costo de vida”.
“En este momento, dada la magnitud de la crisis que estamos enfrentando, resulta completamente incoherente que algunos municipios destinen millonarios recursos a financiar actividades recreativas, en desmedro de apoyar a las personas que más lo necesitan (…). Por eso, estamos proponiendo suspender temporalmente el traspaso del royalty minero, para así redirigir todos esos recursos a medidas que sí permitan aliviar el impacto del alza de los combustibles y del costo de vida en la clase media y en los sectores más vulnerables del país”, detalló el legislador oficialista.
Falta de transparencia
El diputado recordó que el impuesto a la gran minería proyectó entregar en 2025 más de $ 218 mil millones de libre disposición a las comunas del país, distribuidos en tres segmentos: Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, a beneficio de los gobiernos regionales asignados según criterios comunes; Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial (FET), destinado a los 302 municipios más vulnerables del país; y, al Fondo Comunas Mineras (FCM), para aquellas que tienen en sus territorios alguna faena o actividad minera.
No obstante, el legislador señaló que, en septiembre del año pasado, el Consejo para la Transparencia
(CPLT) denunció que un 61% de las municipalidades no había cumplido su obligación de transparentar en qué utilizaron los recursos.