El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó nuevos anuncios de cara al pronto ingreso del proyecto de ley misceláneo con medidas para reactivar la economía, anticipando una propuesta clave que se realizaría vía decreto.
En el marco del seminario "Nuevos vientos de la economía 2026", organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Universidad del Desarrollo (UDD), el secretario de Estado señaló que esta semana se firmará un cambio a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que permitirá aumentar la densidad de construcción en departamentos.
La medida, que se realizará vía decreto, es parte de las propuestas con las que el nuevo Ejecutivo busca liberalizar el uso del suelo para, así, reducir el precio de los nuevos departamentos.
De hecho, en el evento -donde compartió escenario con la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa; la timonel de la Sofofa, Rosario Navarro; y el rector de la UDD, Federico Valdés- Quiroz anticipó que esta medida puede ayudar a reducir entre un 10% y un 15% el precio de los nuevos departamentos.
"Cuando tú haces eso, tú tienes que tener una forma para poder sacarte el stock actual (de departamentos). Porque el stock actual fue construido con una maraña de regulaciones que lo hicieron ser muy caro y por eso está la eliminación del IVA en la venta", agregó Quiroz, señalando que propondrá que la exención de IVA por 12 meses -que es parte del proyecto misceláneo de reactivación económica- comience a aplicarse "desde el momento que se envíe el proyecto de ley para no tener problemas de alguien que haya firmado alguna escritura o una promesa".
El secretario de Estado planteó que esta idea se conjugará con otras medidas del proyecto misceláneo, como una nueva ventana de repatriación de capitales por nueve meses con una tasa de impuesto del 8%, la suspensión por un año de la aplicación del IVA a la vivienda y la extensión del beneficio tributario del DFL-2 a personas que posean desde tres propiedades, con un tope de 90 metros cuadrados y un impuesto único de 5%.
O sea, especificó, los inmuebles podrían gozar de una tributación rebajada con la repatriación, una rebaja transitoria del IVA y exención de DFL-2.
"Todas esas cosas juntas son un cañón. O son un muy buen viento sur hacia el semestre que viene", deslizó el secretario de Estado ante una audiencia compuesta por empresarios y dirigentes gremiales.
Quiroz confirmó además que el proyecto misceláneo incorporará un nuevo régimen de invariabilidad tributaria para proyectos de inversión, tanto para mandantes chilenos como extranjeros.
Cambios tributarios
Tras su exposición, el ministro participó de una entrevista con el director de Diario Financiero, José Tomás Santa María, donde respondió algunas consultas respecto del proyecto misceláneo de reactivación económica.
En la conversación, Quiroz anunció que están analizando mecanismos para evitar que la reintegración del sistema tributario genere un efecto importante sobre las finanzas públicas.
Hoy, el sistema tributario permite que un socio de una empresa descuente en sus impuestos personales hasta un 65% de lo tributado por su compañía. La propuesta original del Ejecutivo es restituir que se pueda utilizar un 100% de lo pagado como un crédito contra los impuestos finales.
Aquella idea nace de un planteamiento del excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien puso sobre la mesa la idea de restituir de alguna forma el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) que existió en el país hasta 2016 y que consideraba las utilidades reinvertidas por las empresas.
"Estamos viendo lo que dijo Franco Parisi. Hay varias formas de entender qué es lo que quiere decir la restitución del FUT, pero una forma de entenderlo bien en simple es que está hablando de reintegración, de que está buscando la reintegración. Es algo que hemos visto con detalle, que la reintegración tiene un motivo principalmente de equidad tributaria, pero también tiene efectos fiscales importantes y lo estamos viendo con cuidado y estamos buscando algunas opciones de alternativas", sinceró el ministro.
Junto con recalcar que se está pensando en una gradualidad para la reducción del impuesto de Primera Categoría, desde el 27% actual al 23%, el ministro enfatizó que no habrá gradualidad en la reducción de la tasa producto del nuevo crédito tributario para las contrataciones, entregando nuevas señales respecto de su funcionamiento.
El mecanismo, que busca incentivar la contratación de personas con riesgo de caer en la informalidad, permitiría una reducción de la tasa en torno a tres puntos y que serían adicionales a la rebaja de Primera Categoría.
"Donde no va a tener gradualidad es la baja que corresponde y que va asociado al empleo, porque ahí tenemos una emergencia importante en el empleo. Ahí queremos ser muy significativos desde el día uno. Ahí, la empresa va a poder recibir todos los meses una cantidad de recursos equivalente a aproximadamente, el salario más bajo, al 75% de lo que paga efectivamente por previsión y salud. (...) todos los meses y cuando no alcance la reducción de PPM (Pagos Provisionales Mensuales), va a ser por la vía del pago del IVA", dijo Quiroz, quien cuantificó que esto significará una transferencia de cerca de US$ 1.300 millones para que las compañías incentiven la contratación.
Asimismo, sinceró que la propuesta incorporará sanciones para los empleadores que realicen pagos "en negro" a sus trabajadores, como pagar el salario mínimo pero suplementándolo de manera irregular, para así gozar del beneficio tributario: "Si hace eso, se hace acreedor de penas mucho más fuertes que las actuales, porque pasa a ser una contravención y una falta a la ley", advirtió.
¿Cambia o no el rumbo?
Al margen de los anuncios, el ministro de Hacienda comenzó su exposición aludiendo al título del seminario: "Nuevos vientos de la economía".
El secretario de Estado recalcó que no hay un cambio de rumbo y mostró su optimismo de que, pese a la situación fiscal y al shock provocado por el aumento histórico del precio del petróleo por la guerra en Irán, la economía repunte a partir del segundo semestre de este año.
"Hablando de vientos, a los que les gusta navegar, partimos un poquito arrachados. O sea, veníamos pasando por un viento sur y empezó a salir el viento norte. El rumbo sigue igual. Quiero decir eso, ese es mi principal mensaje: hoy día, el rumbo sigue igual y el Océano Pacífico siempre nos brinda un viento sur. En el segundo semestre y con ese viento sur vamos a cazar la vela y vamos a llegar donde tenemos que llegar. El primer shock de oferta importante, positivo, que vamos a tener desde los últimos 25 años... para allá vamos. Ese es el mensaje principal. Arriba esos ánimos, arriba los corazones, como decía un exPresidente nuestro muy querido. Y hay buenas razones técnicas, políticas y de ánimo nacional para eso", dijo en referencia a una icónica frase del exPresidente de la República, Sebastián Piñera, durante la campaña presidencial de 2017.
Pese a ese optimismo, Quiroz no eludió las decisiones "difíciles" -dijo- que le ha tocado tomar, como sincerar el histórico aumento del precio de los combustibles y que ha impactado la aprobación del Gobierno y del Presidente José Antonio Kast.
"Voy a tener que hablar primero del viento arrachado, para abordar con el público las decisiones duras que hemos tenido que tomar. Y esas decisiones duras que a veces han sido poco comprendidas, hayan su base en la situación fiscal que encontramos, que es una situación delicada. Es una situación un poco más compleja incluso a la que previmos, pero solucionable. La vamos a subsanar, la vamos a resolver, no nos va a detener, no va a ser un obstáculo y parte de las acciones que tomamos es para que no sean obstáculo", manifestó en referencia a las modificaciones vía decreto del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) que implicaron un alza de $ 390 por litro promedio para las gasolinas y de $ 580 en el caso del diésel.
Una herencia fiscal compleja
Luego de explicar lo insostenible de subsidiar los precios de los combustibles a un ritmo de cerca de US$ 200 millones por semana y de cerca de US$ 4.000 millones en caso de extenderse el conflicto, Quiroz profundizó en por qué el ajuste de precios se hizo de manera tan rápida y no gradual.
"Se ha dicho bueno, ¿por qué el ministro no hizo ajustes más paulatinos? Bueno, porque tendría que haber ido al Congreso a cambiar la ley del Mepco y a pedirle a los congresistas que por favor aceptaran aumentos de precios de $ 150 por litro la media por semana, en cuatro semanas más de $ 850 y no sé qué es lo que habría pasado, pero mi predicción es que van a haber dicho que no", sinceró, agregando que "el Mepco no permite ajustes paulatinos para llegar a la meta. O te vas muy lento y pierdes mucho dinero, o haces un gran ajuste. Y por lo tanto decidimos hacer eso y compensar con medidas que vayan a proteger a los que están más vulnerables".
Acto seguido, el ministro retomó la discusión por el estrecho nivel de caja que se encontró al asumir el mando de la Hacienda Pública.
Cabe recordar que Quiroz denunció que los activos líquidos en la caja fiscal -u Otros activos del Tesoro Público, como se denominan técnicamente- cerraron en US$ 46 millones en diciembre del 2025, en circunstancias de que los gobiernos anteriores le habían heredado cerca de US$ 4.000 millones a las administraciones entrantes. "Eso alcanza para una hora de administración pública", dijo.
"La situación heredada es bastante compleja, pero hay que ser honesto y esto viene de causas estructurales de larga data que también han sido exacerbadas por la administración anterior", dijo el secretario de Estado, aludiendo a que la administración de Gabriel Boric se propuso las metas fiscales "más deficitarias de la historia", lo que derivó en incumplimiento de metas de balance estructural en tres de sus cuatro años de mandato, lo que totaliza más de US$ 14.000 millones (3,9% del PIB) en incumplimientos de la meta fiscal, calculó el nuevo Ejecutivo.
Así, planteó que ante el mayor déficit, se pueden hacer cuatro cosas: aumentar la deuda; vender activos líquidos de largo plazo, como los invertidos en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES); consumir el capital de trabajo (los mencionados Otros activos el Tesoro Público); y aumentar la deuda con proveedores -o la denominada "deuda flotante". Y como quinto punto, puso sobre la postergación de la facturación de terceros de parte del Estado.
Quiroz enumeró que el Gobierno de Boric aumentó la deuda pública en US$ 40.000 millones; redujo en FEES en US$ 4.000 millones; consumió US$ 4.000 millones en caja fiscal, endeudamiento que pasó desde 2025 al 2026 debido a que se estaba llegando al techo de endeudamiento aprobado en el Presupuesto y habría obligado al Ejecutivo a pedir al Congreso un nuevo techo; aumentó en US$ 800 millones la deuda con proveedores entre 2021 y 2025, un incremento de 40%; y postergó la facturación a terceros en un monto que se encuentra en revisión en Teatinos 120.
Asimismo, denunció que la ejecución presupuestaria de enero en el Ministerio de Salud evidenció presiones de gasto que muestran que se postergaron pagos desde el año pasado al actual por un total de más de US$ 170 millones: en concreto, expuso que en el cuarto trimestre de 2025 el gasto se contrajo un 15% en comparación al nivel normal, pero que en enero se expandió un 65% respecto de su nivel de equilibrio y prácticamente duplicó los desembolsos de diciembre.
"No hay motivos propios del funcionamiento de los servicios de salud que expliquen un comportamiento de la ejecución de este tipo", argumentó el ministro.
Quiroz abordó el argumento de la administración Boric de que había cambios estructurales que explicaban la fuerte caída de la recaudación tributaria en 2025 y que, entre otras razones, explicaron el desvío de la meta fiscal. Así, enfatizó que parte importante de la menor recolección se debe a que en 2024 se contabilizaron ingresos extraordinarios por ventanas transitorias, como repatriación de capitales y medidas para financiar la reconstrucción de Valparaíso por los incendios del verano de ese año, por lo que la base de comparación era más exigente para el 2025.
"El Ministerio de Hacienda se tomó la molestia, la administración pasada, de dejar un informe de cómo una baja de impuestos afectaría la recaudación. Un informe con apoyo de Universidad de Santiago. Bueno, ese informe yo creo que está malo porque básicamente lo que advierte y alerta es que la recaudación en 2025 de Primera Categoría fue alarmantemente baja y, por lo tanto, algo está pasando. La empresa no paga, entonces hay que perseguir a las empresas más rica del país. Y la verdad es que lo que ocurre es que hay que comparar peras con peras. Y lo que ocurrió fue que la recaudación de 2025 está en una base de comparación muy exigente que la del 2024, que tiene un impuesto sustitutivo que quiso elevar mucho la recaudación. Cuando tú corriges por impuesto sustitutivo, se encuentra que la recaudación es totalmente normal", advirtió.
El efecto del llamado a cobrar el CAE
En otro pasaje de su exposición, el ministro de Hacienda hizo un llamado a retomar la "ética" en el manejo de las finanzas públicas, asumiendo el problema de beneficios sociales "desfinanciados" y erradicando "malos hábitos" en la administración de la Hacienda Pública.
En cuanto a lo primero, comparó cuánto ha costado la gratuidad universitaria hasta el sexto decil de ingresos versus la realidad. Se planteó que costaría algo más de US$ 920 millones por año, en circunstancias que ha implicado un gasto superior a los US$ 2.300 millones para el Fisco.
También, a propósito del incipiente debate tributario, comparó cuánto recaudó efectivamente la reforma impositiva del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, en 2014. Se esperaba aumentar en régimen en 3% del PIB la carga tributaria, mientras que lo efectivo fue un incremento de 1,14%.
A esto sumó nuevos antecedentes sobre el cobro de los morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), instruido por la Tesorería y que ha está mostrando resultados.
Así, explicó que desde el anuncio del proceso de cobro del 19 de marzo, el monto pagado por los deudores se multiplicó en seis veces, pasando de un promedio de $ 30 millones al día a $ 200 millones, alcanzando un peak superior a los $ 500 millones el 31 de marzo.
"El CAE es una política social, es un crédito totalmente extraordinario que no existe en el mercado, del 2% anual, que es contingente a los ingresos. No pagar el CAE no es una política social, la política social está en el CAE. El CAE pues hay que pagarlo. No queremos dar una batalla e ir a cobrarle a gente, a personas que a lo mejor están dentro del 20%, 30%, 40% de personas que estudian en la universidad y que la Fiscalía Nacional Económica nos dice que son carreras no rentables, sin retorno y que a lo mejor se sintieron engañados por una asimetría de información", sinceró la autoridad.
Asimismo, Quiroz reveló que el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, estableció una política de que no habrá negociación con deudores del CAE que perciban más de $ 5 millones al mes: "Consígase el crédito en el banco y venga a pagar", fue el mensaje de Quiroz.
Cabe señalar que mediante un cruce de datos, Hacienda y la Tesorería lograron identificar que de los más de 500 mil morosos del CAE a marzo, cerca de 70 mil registran ingresos brutos mensuales superiores a $ 1,5 millones, con una deuda que significa US$ 800 millones. Asimismo, existen 1.800 deudores con ingresos brutos mensuales superiores a $ 5 millones, que en su conjunto adeudan US$ 20 millones al Fisco.
Inmuebles fiscales salen a la venta
En la parte de su exposición donde habló de la necesidad de recuperar la ética en el manejo de las finanzas públicas, Quiroz reveló que su par de Bienes Nacionales, Catalina Parot, está analizando el stock de activos de herencias yacentes (el período de tiempo entre el fallecimiento de una persona y la aceptación de la herencia por los herederos, lapso en el cual los bienes, derechos y obligaciones están "en suspenso" o sin titular conocido), que podrían componerse de propiedades fiscales que estén abandonadas u ocupadas por funcionarios públicos. En principio, habló de 1.200 inmuebles.
"Las vamos a vender todas. Ahí hay unos US$ 200 millones, US$ 300 millones de recaudación. Está lleno de bienes. Los ministerios, las reparticiones, incluso algunos refugios en La Parva de ministerios. Los vamos a vender. Vamos a recuperar el principio ético, porque esto ya no es solamente economía. Aquí hay un principio ético del manejo de la Hacienda Pública, el celo en el manejo de la Hacienda Pública, el celo que estamos administrando dinero de otros, dineros de todos los chilenos. Cada lápiz que se toma, cada luz que se apaga, cada viaje que se toma, es plata de todos los chilenos. Y ese es el sentido republicano, en un sentido amplio no político, que debemos recuperar. Y eso es gestión, pero es gestión con ética", manifestó.
Lo que se juega con el proyecto misceláneo
El ministro fue consultado en el panel con Santa María por los dichos del presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya (UDI), quien en entrevista con Diario Financiero planteó que en el proyecto misceláneo "se juega el éxito económico de este Gobierno".
Quiroz señaló estar en desacuerdo con la afirmación: "Quiero ser más preciso. El país se juega (su éxito económico). Estamos conversando con las más amplias mayorías, porque lo que está en juego es el país. Los gobiernos pasan, pero el tema aquí es el país".
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