Una nueva -y dura- advertencia levantó la mañana de este lunes el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en el marco de la tramitación del proyecto de ley misceláneo de reactivación y reconstrucción.
En su esperada exposición ante la comisión de Hacienda del Senado, la presidenta del CFA, Paula Benavides, analizó los cambios que realizó el Ejecutivo al proyecto tras su paso por la Cámara de Diputados, valorando algunas modificaciones que permitieron mayores ahorros y menores reducciones de ingresos para el Estado. También, destacó el foco de la iniciativa en mayores ajustes en el gasto público e impulsar el crecimiento de la economía.
Sin embargo, la economista recalcó que el proyecto en su conjunto genera riesgos de continuar deteriorando las finanzas públicas, especialmente debido a lo que consideran reducciones de ingresos que son ciertas y medidas que buscan incentivar el crecimiento económico cuyos efectos son más bien inciertos.
“Los costos fiscales (o menores ingresos) directos de las medidas se materializan con mayor certeza desde el primer año de vigencia. En contraste, los beneficios dinámicos asociados al mayor crecimiento se incorporan de forma gradual en el tiempo y con mayor incertidumbre respecto del momento de materialización de los efectos, y de la velocidad y magnitud de transmisión hacia PIB y recaudación. En consecuencia, este descalce podría resultar en un valor presente del proyecto de ley distinto y afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas”, advirtió Benavides ante los senadores.
De esta forma, agregó la autoridad, de no materializarse parcial o totalmente los mayores ingresos proyectados por la vía del crecimiento, "podría observarse un deterioro fiscal adicional al del escenario del informe financiero, presionando aún más el contexto de estrechez fiscal”.
0,1% del PIB empeoró el efecto del proyecto tras el rechazo a eliminar la franquicia Sence.
En su exposición, la presidenta del Consejo fue enfática respecto de los cambios realizados por el Ejecutivo: "Los ajustes anunciados no resultan suficientes para financiar el proyecto de ley, corregir el deterioro fiscal 2025-2026 y avanzar en la convergencia fiscal de manera simultánea", lanzó, haciendo un llamado a incorporar nuevas medidas "compensatorias adicionales y de mitigación fiscal".
"El informe financiero del proyecto presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, pese a que proyecta superávit en el largo plazo”, insistió la economista, añadiendo que “esto cobra particular relevancia en el contexto de un nuevo escenario fiscal, en donde no hay holguras fiscales y la incertidumbre es elevada”.
Ocho riesgos fiscales
En su ponencia ante la comisión de Hacienda, Benavides identificó ocho principales riesgos fiscales del proyecto, distinguiendo entre efectos directos e indirectos, enfatizando que estos persisten con las modificaciones de la iniciativa legal.
Entre los riesgos de efecto directo, apuntó a que la rebaja de la tasa de Impuesto de Primera Categoría tiene un costo que "no es compensado por mayor crecimiento de la medida"; el crédito tributario al empleo, con un "alto costo fiscal efectivo y riesgo de consistencia con otras estimaciones"; la compensación al Fondo Común Municipal (FCM) por la exención de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores, que derivaría en una "posible presión fiscal permanente"; las medidas de probidad por mal uso de licencias médicas que impliquen un "posible menor ahorro fiscal y costo no contemplado"; en cuanto al aumento de cupos por incentivo al retiro de funcionarios públicos, una eventual materialización del ahorro fiscal no garantizada; respecto al aumento de las sanciones al contrabando de tabaco, una posible menor recaudación a la esperada; que el mecanismo de restitución por anulación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) carece de una cláusula de gasto máximo; y los impuestos sustitutivos y la repatriación de capitales, ya que la reiteración de medidas transitorias de regularización o anticipo "puede debilitar el cumplimiento tributario, y comprometer la sostenibilidad de los ingresos fiscales en el mediano plazo".
Benavides identificó también tres riesgos de carácter indirecto, como la incertidumbre de los impactos en el crecimiento del proyecto; la incertidumbre del traspaso del mayor crecimiento a ingresos fiscales futuros; y la reducción de plazos sectoriales, sugiriendo que se explicite la consistencia de la metodología y supuestos utilizados.
2031 año en que el neto del proyecto sigue siendo negativo para el Fisco.
Otros ajustes
También el CFA realizó advertencias relacionadas al deterioro fiscal por modificaciones al proyecto e iniciativas legales complementarias, señalando que el rechazo en la Cámara de Diputados de la eliminación de la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Emple (Sence) deteriora su resultado en 0,1 punto porcentual (pp.) del PIB a partir de 2027.
“Esto constituye, hasta esta etapa de la tramitación, la principal fuente de deterioro del efecto fiscal respecto del proyecto original”, planteó Benavides.
El informe del CFA comparó el informe financiero original del proyecto, ingresado al Congreso el pasado 22 de abril, y el documento consolidado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) con los artículos aprobados por la Cámara de Diputados y dado a conocer el jueves pasado, identificando efectos de gastos e ingresos.
Respecto a los primeros, el CFA apuntó a los incentivos al retiro, ya que se estima un menor ahorro (menor reducción del gasto) a partir de 2027, deteriorando levemente el resultado en 0,02 pp. del PIB y luego 0,01 pp. del PIB a partir de 2035; la compensación del FCM, ya que se estima un menor gasto y mejora levemente el resultado entre 0,01 y 0,02 del PIB a lo largo de todo el período; y el menor uso del Subsidio Único al Empleo, en el cual se estima un menor ahorro (menor reducción del gasto) de 0,001 pp. del PIB a partir del 2029, que asciende hasta 0,01 pp. del PIB en 2050.
En cuanto a los efectos por el lado de los ingresos, el Consejo mencionó el crédito tributario al empleo, dado que la reconfiguración del esquema del crédito resulta en una mejora del resultado en 0,02 pp. del PIB a partir de 2027, diferencia que disminuye a 0 en 2050; y la eliminación de la franquicia del Sence, cuya exclusión deteriora el resultado del proyecto en 0,1 pp. del PIB a partir del 2027.
Además, alertó que se ingresó un proyecto de ley separado que establece un beneficio de compensación por la compra de pañales y medicamentos, mediante un reembolso equivalente al IVA pagado, que implicará un mayor gasto fiscal de 0,02% del PIB en régimen.
3,7% del PIB es el déficit estructural previsto para este año.
Las recomendaciones
Ya hacia el final de su exposición, Benavides indicó que “se requeriría un mayor esfuerzo fiscal para avanzar hacia una trayectoria de consolidación, lo que debiera reflejarse en el decreto de política fiscal y en las acciones correctivas asociadas al desvío de la meta de balance estructural 2025 que fueron presentadas en el Informe de Finanzas Públicas”.
De esta forma, el Consejo reiteró las recomendaciones realizadas el 5 de mayo en la Cámara.
Entre ellas, destacó que el proyecto en sí mismo avance hacia una neutralidad fiscal en el corto y mediano plazo, asegurando tanto en magnitud como en temporalidad un adecuado calce entre los menores ingresos tributarios y medidas compensatorias.
“Para ello se pueden considerar medidas de mitigación adicionales dentro del proyecto de ley, como medidas compensatorias adicionales de ingresos y gastos. Para las medidas presentes en el proyecto de ley, especialmente las de mayor impacto, evaluar modificaciones en gradualidad, aplazamiento, fechas de término, límites de montos, monitoreo y condicionalidad, o mejoras en la relación costo/efectividad”, detalló.
Finalmente, insistió en la necesidad de lograr un diagnóstico común de la situación fiscal actual y concretar un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal que se refleje en las decisiones que adopten los poderes Ejecutivo y Legislativo, incluyendo este proyecto de ley.