Partió como un lío contractual. A través de Agrícola Potrero Grande (APG), el empresario Ricardo Duch -socio fundador de G&N Brands, matriz de Doggis, que también participa en rubros como el agrícola y el inmobiliario-, asociado con Cristián Heinsohn, suscribió un contrato con la exportadora Barón, vinculada a Eduardo Espinosa, para enviar cerezas a China por siete cosechas anuales, partiendo en la temporada 2024-25.
En el gigante asiático, la comercialización estaría a cargo de Mor Fruit, una de las importadoras de fruta más grandes de Asia, con presencia en EEUU, Canadá, Perú, México y Chile. En nuestro país, opera mediante la sociedad One World SpA y, para efectos de este contrato, fue un ejecutivo estadounidense Westly Travis Moran quien hizo de intermediario.
Pero los resultados no fueron los esperados. Vendieron 642 mil kilos de cerezas con un valor de final de venta negativo, perdiendo US$ 0,42 por kilo. En total, con un saldo en rojo de US$ 306 mil.
Ahí partió la discordia. APG había recibido el pago de un anticipo de $ 1.632 millones y un préstamo de US$ 800 mil para financiar la venta y exportación de las cerezas.
Según la exportadora y la china, con el resultado negativo, APG debía restituir los excedentes, pero en sus diversas demandas y querellas ha señalado que Duch y Heinsohn optaron por desconocer sus obligaciones. Y así, estalló una enredada trama judicial que hoy tiene una decena de aristas en curso.
Demandas y querellas
Las primeras arremetidas fueron exclusivas de Barón Export -representada por el abogado Álvaro Jofré, de Jofré & Cía-, que fue tanto a la justicia civil ordinaria como al CAM Santiago para iniciar un arbitraje. Posteriormente, se sumarían la propia Mor Fruit y Westly Moran.
Asimismo, llevarían el caso a la arista penal: a fines de 2025, ingresaron una querella por estafa y apropiación indebida en el Juzgado de Garantía de San Felipe.
Niguna de las partes se guardó detalles. En un escrito presentado ante la Fiscalía de San Felipe, los querellantes sostuvieron que Duch elaboró una estrategia para engañarlos, invitándolos a una hacienda que posee en esa ciudad, “que incluye un haras de caballos pura sangre (...) y hasta un museo personal de arte moderno”, donde los sedujo “ufanándose de su riqueza, solvencia y capacidades”.
La defensa de Duch, que contraatacó con una querella por el delito de alteración fraudulenta y que está compuesta por abogados de distintos estudios de la capital -entre los que destacan Gabriel del Río, de Gandarillas, Montt y Del Río; Sergio Rodríguez Oro, de Cortés & Rodríguez; y Juan Carlos Manríquez, de Manríquez, Benavides y Cía.-, se ha declarado como “una víctima de la negligencia comercial y financiera de la exportadora Barón”.
Plantearon que el retorno de US$ -0,42 por kg. se contrasta con un mercado que pagaba retornos positivos -por ejemplo, US$ 1,82 por kg. por parte Dole Chile- y afirmaron que la exportadora debía proveer financiamiento por US$ 2 millones para la siguiente temporada (2025-26), a lo cual se negó, “asfixiando financieramente a mi representada”.
En pocos meses, el caso crecería como una bola de nieve -hoy son al menos cuatro casos civiles y cinco penales- e incluso llegaría a salpicar a otras empresas que han tenido que entrar como terceros: Copefrut, que tenía un derecho de prenda previo sobre las cerezas de APG, y Polar Fruit, que le compró la fruta para la temporada 2025-26. Esto último, hizo crecer la disputa: mientras la china Mor Fruit y Barón lo ven como una culminación de la estafa, la defensa de Duch sostiene que esto estaba permitido, dado que el contrato había sido incumplido por su contraparte.
Escala la disputa
El caso se mantenía delimitado como un lío de dineros hasta que el Juzgado de San Felipe dictó una medida cautelar en que prohibió celebrar actos y contratos de diversas sociedades vinculadas a Duch.
No obstante, las querellantes acusaron que, en 2025, su contraparte dividió APG -dando lugar a Inmobiliaria Potrero Grande-, dejando al vehículo original como “un cascarón sin activos”. Lo anterior, argumentaron, ocurre porque “los querellados operan mediante, a lo menos, cinco razones sociales distintas, para evadir obligaciones”.
El tribunal ordenó inscribir esta medida en el Registro de Accionistas de las sociedades involucradas, pero la defensa de Duch explicó que estas sociedades -por su tipo legal- no confeccionan libros sociales. Pero el Juzgado insistió, al punto en que resolvió oficiar a Carabineros de Chile para que acompañara al receptor judicial con objeto de requerir la inscripción ordenada en el registro. Finalmente, se generaron los registros, pero todo lo anterior generó nuevas querellas, por contrato simulado -debido a los cambios societarios- y por desacato. “Los querellados han pretendido arbitrar cuándo y dónde se cumplen las órdenes de un tribunal de la República”, dice ese escrito judicial.
DF pudo conversar con fuentes vinculadas a la defensa del empresario, las cuales aseguran que una medida cautelar dictada antes de una formalización es contraria a la Ley y están convencidos de que será revertida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Sostienen que la lluvia de querellas son “voladores de luces” y que es una estrategia “extorsiva, disparatada y evidente” con el fin de perjudicar a sus representados, convirtiendo una disputa contractual en un caso penal. En el futuro, prometen, su querellante tendrá que responder por instrumentalizar el sistema judicial.
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