El martes, los diputados del PPD se reunieron con el ministro de la Segpres, José García Ruminot, a quien le hicieron ver su postura frente el proyecto de reactivación económica, las aspiraciones de la colectividad y hasta dónde están dispuestos a negociar. Pues bien, durante esta jornada, hicieron público el documento que agrupa un conjunto de medidas que al partido le interesa promover e, idealmente, incluir en la iniciativa del Ejecutivo.
Fue el jefe de bancada, diputado Raúl Soto, quien -junto a otros legisladores de la instancia- dio a conocer el texto de cinco carillas y cuatro ítems que proponen disponer un plan de recaudación dirigido para PYME y MiPymes; presentar una ley corta que modifique aspectos claves de la cobranza tributaria para PYME y MiPymes; propuestas para la clase media; y, mantener el actual porcentaje del impuesto de primera categoría para grandes capitales (27% sobre la renta líquida imponible), considerada una línea que la colectividad no está dispuesta a traspasar.
En cuanto al plan de recaudación, el texto especifica que debe estar orientados en los principios de realismo, justicia tributaria y a un enfoque de defensa del empleo y la continuidad de la actividad emprendedora. Para ello plantean un plan de emergencia Pro PYME, que considere que en los casos de deuda tributaria se pague el capital adeudado, reajustado sólo según IPC, con la condonación total de los intereses penales y de las multas aplicadas. Con tres meses de gracia, desde el momento que los interesados se suscriban al plan de pago, sin la exigencia de un pie para ello.
Bono para todos los adultos mayores
Respecto de la ley corta, proponen establecer una rebaja del interés penal fiscal para las PYME y MiPymes, en caso de deudas tributarias, pasando del actual 18% a un 6% anual; establecer un límite en las retenciones bancarias promovidas en las ejecuciones judiciales de parte de Tesorería contra las PYME; disponer la prescripción de las deudas tributarias sobre las cuales Tesorería no ejecutó acciones de cobranza, cuando hayan transcurrido tres años contados desde que la obligación se hizo exigible, por el solo efecto de la ley; y, el acceso al subsidio de estímulo al empleo para las MiPyme de manera automática.
En el contexto de las medidas para la clase media, en el documento se sugiere la devolución del IVA de la Canasta Básica, a través del Bolsillo Familiar Electrónico y con tope de $ 80.000 mensuales por hogar; la devolución del IVA a la vivienda para las personas, no para las empresas, explicita el texto; y, un bono para todos los adultos mayores pensionados que reciban una pensión de menos de $ 700 mil, durante seis meses.
Por último, en cuanto a la mantención del impuesto corporativo en 27%, lo propio se debería hacer con su imputabilidad en las cargas tributarias de sus propietarios al momento de distribuir sus utilidades (65%), con el objeto de que el Estado no deje “de percibir alrededor de US$ 1.800 millones anuales provenientes de tributos a grandes empresas y US$ 800 millones del sistema semi integrado de tributación por ingresos personales”.
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