El estado de las finanzas públicas ha continuado siendo uno de los principales temas de debate en la discusión económica en los últimos días.
De muestra, un botón: el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides; y los exministros de Hacienda de Gabriel Boric, Mario Marcel y Nicolás Grau, han acudido al Congreso para abordar el tema en la última semana, con matices.
Mientras que el actual ministro ha reforzado el mensaje de una situación fiscal alicaída, marcada por un nivel de caja estrecho; Benavides ha enfatizado la necesidad de recomponer los ahorros, continuar conteniendo el gasto y lograr un acuerdo político para aumentar la recaudación y hacer más eficiente el aparato estatal para evitar un cuarto incumplimiento seguido de la meta presupuestaria; Marcel y Grau, por su parte, han centrado su discurso en que la situación presupuestaria no es equivalente a una crisis y que los números son más benignos de lo que se muestra.
Al margen de la discusión, los números continúan dando cuenta de que si bien la situación del Fisco chileno es menos compleja que la de países similares, sí ha habido un deterioro fuerte en las últimas dos décadas, con nuevos antecedentes.
Uno de ellos son los últimos datos actualizados por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), a través del Informe de Estadísticas de la Deuda Pública del cierre del año pasado, en el que el Ejecutivo da cuenta de que la deuda neta del aparato estatal alcanzó un máximo no visto desde 1990, al ubicarse en un 26,6% del Producto Interno Bruto (PIB).
Esto implica un alza de 0,6 punto porcentual (pp.) en comparación a lo registrado al último mes del 2024.
La deuda neta es el resultado de las acreencias brutas del Gobierno Central, descontándole los activos que posee el Fisco, como reservas y los fondos soberanos.
Y tan acentuado ha sido el deterioro de este indicador, que en 2015 el nivel de deuda neta del sector público era negativo. O sea, el nivel de ahorros con los que contaba al Estado eran mayores que el nivel de acreencias. Aquello comenzó a cambiar en 2016, año en que el Fisco pasó a ser acreedor en un equivalente a 0,9% del PIB.
Los datos también son coherentes con el fuerte aumento que ha registrado la deuda bruta del sector público, que pasó de cifras por debajo del 4% en 2007 a 41,5% del tamaño de la economía en el 2025.
Adicionalmente, el resultado también se explica por una reducción consistente en el nivel de las inversiones en activos financieros totales del aparato estatal, que en 2025 cerraron representando el 14,9% del PIB, siete décimas menor al nivel del 2024, su piso desde al menos el 2010 y lejos del peak del 20,7% logrado en 2015. En términos absolutos, dichas posiciones en 2025 ascendieron a US$ 57.174 millones al tipo de cambio en 2025.
De esta forma, la posición deudora neta del sector público totalizó $ 90.500.763 millones el año pasado, equivalente a US$ 102.030 millones.
Empresas públicas se estabilizan
El informe no solo se adentra en la deuda neta del Gobierno Central en su conjunto, sino que también entrega una mirada respecto de la situación patrimonial de las empresas propiedad del Estado.
Así, los datos a diciembre dan cuenta de una caída en la proporción de pasivos financieros netos de las compañías como porcentaje del PIB, al ubicarse en 9,4% al cierre del año pasado (US$ 35.919 millones). Esto implica una baja de siete décimas en relación al cierre del 2024.
De esta forma, el indicador se estabiliza en torno a sus niveles más altos de la serie que comienza en 1990. En los últimos 20 años, de hecho, el nivel de pasivos netos casi se ha duplicado en su ratio a PIB.
En el resultado, incidió la reducción de siete décimas del nivel de pasivos financieros (deuda bruta) de las firmas estatales, al ubicarse en 10,2% del Producto (US$ 38.957 millones). Los activos financieros, por su parte, no variaron y se mantuvieron en 0,8% del PIB (US$ 3.038 millones).
El reporte contempla información complementaria sobre pasivos y activos financieros de las empresas del Estado, así como sobre el stock de bonos de reconocimiento no liquidados.
Por tratarse de pasivos, activos y obligaciones de naturaleza diferente a los considerados bajo el concepto de “deuda pública”, y en concordancia con las prácticas comúnmente aplicadas a nivel internacional, dichas estadísticas se presentan de manera independiente y complementaria, sin consolidarlas con las estadísticas sobre deuda del Gobierno Central y del Banco Central.
"Este criterio permite enriquecer la información disponible sin distorsionar las comparaciones que a nivel internacional pueden efectuarse en materia de endeudamiento público", agrega el reporte.
"Cuando los indicadores de deuda son relativamente bajos, como es el caso actual para la gran mayoría de las empresas públicas, el endeudamiento de éstas corresponde a obligaciones con cargo al patrimonio de cada corporación. Estas obligaciones son respaldadas en proyectos de inversión en ejecución, cuyo servicio debe financiarse con el resultado operacional de dichas empresas en el futuro, no comprometiendo el crédito público, salvo en el caso de endeudamiento con garantía estatal que se identifica separadamente", complementa el documento.
Garantía estatal a la deuda
En aquellos casos excepcionales en que los activos financieros no son suficientes para garantizar la deuda de las empresas públicas a un costo financiero razonable, el Fisco ha procedido a garantizar parte de su deuda.
A diciembre de 2025, la deuda garantizada total alcanzó un 2,2% del PIB o US$ 8.502 millones (una décima por sobre el año previo), correspondiente en su totalidad a deuda garantizada emitida internamente. De este total, un 36,7% corresponde a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), un 29% al Fondo de Estabilización Tarifaria, un 27,8% a la garantía estatal al financiamiento de la educación superior, y un 4,6% a Metro.
Las fuentes de información para el reporte, en el caso del Gobierno Central, son Contraloría, Tesorería y la Dipres. La información de las empresas públicas es obtenida de los estados Ffnancieros auditados, mientras que los datos correspondientes a la deuda garantizada del resto del sector público provienen de la Tesorería.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Sebastian Valdenegro
