Esta semana, el gobierno del presidente José Antonio Kast dio a conocer los primeros detalles del rebautizado proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. A través de una cadena nacional del Jefe de Estado la noche del miércoles y, al día siguiente, en una conferencia de prensa de su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hasta el momento se han revelado poco más de 20 de las 43 medidas que compondrán la iniciativa miscelánea que ingresará al parlamento la próxima semana.
De acuerdo con lo planteado por el Presidente Kast, las medidas estarán organizadas en torno a cinco ejes: competitividad tributaria, fortalecimiento del empleo formal, facilitación regulatoria, certeza jurídica y contención del gasto público. El primero contiene probablemente dos de las acciones más relevantes para la actual administración y tienen relación con la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración del sistema tributario.
Impuesto de primera categoría a nivel OCDE
En su alocución ante el país, el mandatario señaló que actualmente Chile tiene el impuesto de primera categoría más alto de su historia “y esa brecha le cuesta al país inversión, empleo y futuro” y planteó que el proyecto buscará reducirlo gradualmente del 27% al 23%, ubicándolo en “el nivel más competitivo de las últimas dos décadas”.
Según una de las minutas que ha circulado entre autoridades y parlamentarios esta semana, en la práctica se propone bajar la tasa en 1,5 puntos para las rentas devengadas o percibidas los años comerciales 2027 y 2028, y de 1 punto porcentual para 2029, para las empresas sujetas al régimen del artículo 14 de la Ley sobre el Impuesto a la Renta (LIR).
En el caso de las Pymes, se propone mantener la actual tasa de 12,5% para los años 2026 y 2027, y de 15% en 2028. A partir de ahí, la actual ley que regula la tributación para este segmento de empresas tras la pandemia contempla un incremento del impuesto al 25% a partir de 2029. Sin embargo, no hay señales desde Hacienda de que esta medida se vaya a modificar, lo que ha generado inquietud en gremios del sector.
Un informe publicado hace un par de semanas por el think thank, Libertad y Desarrollo, denominado “La Urgencia de Reformar el Impuesto Corporativo”, defiende la necesidad de implementar cambios profundos y urgentes para fomentar el crecimiento de largo plazo. Según el documento, el Impuesto de Primera Categoría (IdPC) debe tener cuatro atributos para no afectar el crecimiento: suficiencia, simplicidad, eficiencia y equidad. En el caso de Chile, estos no se estarían cumpliendo.
Citando un estudio en el que participó, entre otros, el economista Claudio Agostini denominado “La elasticidad de la renta imponible de las empresas en los distintos países”, publicado en marzo de este año por la National Bureau of Economic Research, se revela que las empresas chilenas presentan una alta sensibilidad a los cambios en los impuestos, por lo que un aumento lleva a una reducción de la base imponible declarada y las incentiva, por ejemplo, a mantenerse tributando en el régimen Pyme. “La gran brecha existente entre la tasa de impuesto que pagan las Pymes (actualmente en 12,5%11), y el régimen general (27%), incentiva a ocultar aquellas ventas que superan el límite y a no crecer”, advierte el documento de LyD.
Otro indicio de la necesidad de modificar el Impuesto de Primera Categoría, según LyD, lo entrega la Comisión Marfán, instancia convocada en 2023 por el Ministerio de Hacienda, presidida por el exministro y que incluyó a expertos como Andrea Repetto, Andrea Tokman, Rodrigo Vergara, José Pablo Arellano, Ignacio Briones y José De Gregorio. Según esta instancia, el aumento que ha registrado el IdPC desde el año 2000 a la fecha le estaría costando al país casi 8 puntos porcentuales de menor PIB y que la reducción de 1 punto en la tasa elevaría el nivel del PIB en 0,65%, distribuido en 10 años.
Todo esto, reconociendo que la reducción en la tasa tendría un efecto en la caída de la recaudación fiscal que no sería compensado en su totalidad en los años siguientes. Según distintos economistas de la plaza, la reducción de 4 puntos porcentuales implicaría, en régimen, una menor recaudación fiscal que iría entre los US$1.200 millones y US$ 2.000 millones.
Un tercer antecedente que entrega LyD es la posición de Chile en el ranking International Tax Competitiveness Index, publicado anualmente por Tax Foundation donde se evalúan los sistemas tributarios de 38 países de la OCDE, en el cual nuestro país ha tenido una caída sostenida, pasando del puesto 19 en 2014 al 32 en 2025. “Este deterioro en la posición se explica principalmente por el incremento de la tasa, lo que se traduce en que la carga tributaria – entendida como la recaudación total de impuestos como porcentaje del PIB - que enfrentan las empresas chilenas es cerca de un 50% más que lo que enfrentan en la OCDE”, afirma el think thank dirigido por Bettina Horst.
El debate por la reintegración tributaria
El otro elemento central de la propuesta tributaria de Kast es la reintegración gradual del sistema tributario -hasta alcanzar la reintegración total en el año tributario 2031, según la minuta del gobierno- lo que permitiría retornar al modelo existente hasta antes de 2014, previo a la reforma tributaria de la expresidenta Michelle Bachelet. De esta forma, señaló el mandatario en su alocución, “el impuesto que paga la empresa vuelve a ser íntegramente descontable del impuesto de sus dueños, eliminando la doble tributación, lo que fomenta la reinversión de utilidades y la creación de empleos”.
Un documento realizado por el Ministerio de Hacienda durante la anterior administración, con el apoyo de académicos e investigadores de la Universidad de Santiago, denominado “Informe de Estadísticas Tributarias” indicó que entre los integrantes de la OCDE, solo siete países cuentan con sistemas integrados o semiintegrados. Entre estos se encuentran Australia y Nueva Zelanda (con crédito del 100%) y Chile (con crédito del 65%). Los 30 países restantes cuentan con sistemas dual y sus variantes. Según el documento, el tipo de sistema tributario tiene consecuencias directas en los costos administrativos que enfrentan las empresas para cumplir con sus obligaciones fiscales. De muestra un botón: los datos del World Bank Doing Business Report (2020) dan cuenta que las empresas de países con sistema integrado o semiintegrado dedican, en promedio, un 21% más de horas al año al cumplimiento tributario respecto a empresas en países con sistema dual.
Asimismo, el documento advierte que existe una relación entre el tipo de sistema tributario y el nivel de tasas impositivas. Los países que utilizan un sistema integrado o semiintegrado mantienen, en promedio, tasas de impuesto corporativo más altas (28,93%) que los países con sistema dual (22,64%). “Esta relación no es casual. En países con régimen integrado o semiintegrado, la existencia de créditos que reducen la tributación efectiva de personas naturales genera que la recaudación efectiva provenga mayoritariamente de empresas”, complementan.
De acuerdo al informe, que compila el trabajo de análisis de microdatos tributarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) entre 2022 y marzo de 2026, la reintegración total del sistema tributario tendría un costo fiscal equivalente al 0,27% del PIB y beneficiaría significativamente a los contribuyentes de mayores ingresos. “Pasar del crédito actual del 65% al 100% costaría cerca de US$ 810 millones anuales para el fisco”, revela el escrito. Esta cifra del impacto en las arcas fiscales es coincidente con lo planteado por expertos de todos los sectores en los últimos días.
Según los datos levantados por el equipo del Ministerio de Hacienda durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, a nivel agregado, el 98,5% de las rentas del capital pertenecen al 1% de contribuyentes de más altos ingresos. “Esta concentración implica que cualquier reforma que beneficie a los receptores de rentas del capital, como la ampliación del crédito por impuesto corporativo, tendrá efectos distributivos marcadamente regresivos, beneficiando desproporcionadamente a los contribuyentes de mayores ingresos”, alertan.
A modo de ejemplo, se señala que con la implementación de la reintegración, el grupo de personas con un ingreso mensual de $ 21,7 millones (11.847 personas), absorbería poco más del 50% de los recursos que dejaría de percibir el fisco, recibiendo un beneficio promedio anual de poco más de $12 millones. En cambio, los contribuyentes del tramo más bajo (ingresos por debajo de $943 mil mensual), grupo en el cual se encuentran principalmente socios de cooperativas, recibirían un beneficio promedio de solo $1.247, representando apenas el 1,18% de la pérdida total de recaudación.
Desde otra vereda, LyD plantea que el sistema semi integrado vigente rompió la equidad horizontal porque los dueños de las empresas (desde Pymes a grandes empresas) ya no pueden usar como crédito la totalidad del impuesto pagado por la empresa, sino que solo un 65% del mismo. “Ese socio u accionista está sujeto a una sobre tasa adicional de un 9,45%, que es una sobre tasa pareja. Por lo tanto, se genera una inequidad evidente. Por ejemplo, un empresario Pyme que antes estaba exento y tiene una empresa acogida al régimen parcialmente integrado, debe pagar un 9,45%, mientras que una persona que trabaja como empleado dependiente sigue estando exento y no debe pagar impuestos a la renta”.
La discusión está abierta. “Medidas para romper el estancamiento” dicen en el gobierno, “reforma tributaria encubierta para beneficiar a los más ricos” lanzan desde la oposición, lo cierto es que ambas propuestas son el corazón de la primera gran reforma de Kast y seguirán marcando la discusión durante las próximas semanas.
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