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Alto contraste
Gabriela Clivio
Recientemente, en medio de la presentación del nuevo gabinete, un episodio pasó de anécdota a señal de alerta institucional: una compañía minera anunció que su CEO dejaba el cargo para convertirse en ministro de Minería antes de que el Presidente electo hiciera el anuncio oficial.
La pregunta relevante para los mercados es: ¿qué diseño institucional permite aprovechar el conocimiento sectorial sin erosionar la credibilidad de la regulación? La evidencia internacional es clara: cuando se percibe captura regulatoria o, incluso, la sola apariencia de ella, la prima de riesgo de los países sube, porque ésta incorpora no solo riesgos macroeconómicos, sino también la probabilidad de decisiones discrecionales, litigios y cambios bruscos de las reglas del juego. La gobernanza de los nombramientos ministeriales en carteras claves es una variable económica y no solamente ética.
“Casos como el del ‘ministro que no fue’ deben obligarnos a diseñar mejores diques entre el interés privado y la función reguladora”.
Es sano que un Gobierno pro mercado busque incorporar al gabinete a personas que conocen la industria que regularán. El punto crítico está en el cómo y el cuándo. Cuando se trata de ejecutivos provenientes de empresas con proyectos relevantes en evaluación los elementos a tener en cuenta son esencialmente tres: la simultaneidad temporal, la cartera específica y el relato público. De cómo se gestionen estos factores dependerá la percepción de independencia de la autoridad.
La minería chilena enfrenta mayores exigencias ambientales, desafíos de productividad y la necesidad de materializar proyectos intensivos en capital, en un contexto de transición energética. Cuando un caso como este explota en la agenda, el mensaje que reciben empresas, comunidades y potenciales aportantes de financiamiento es confuso. Lo que se transmite, en la práctica, es improvisación institucional, una mala noticia para proyectos con horizontes de inversión de 20 o 30 años.
Este episodio debe utilizarse para fortalecer estándares que el mercado valore. Entre ellos, períodos claros y diferenciados de enfriamiento, más exigentes cuando se trata de ejecutivos de compañías con proyectos relevantes en evaluación en esa misma cartera. También reglas de inhabilidad específicas para carteras reguladoras, con mecanismos transparentes de subrogancia. Finalmente, protocolos de comunicación y de secuencia de anuncios con un orden inequívoco: primero decide y comunica la autoridad política y solo después, las empresas. Es la forma básica de ordenar la jerarquía entre quienes fijan las reglas y quienes operan bajo ellas.
Chile necesita contar con la experiencia sectorial en instituciones robustas. Casos como el del “ministro que no fue” no deben bloquear el ingreso de profesionales valiosos al servicio público, pero sí obligarnos a diseñar mejores diques entre el interés privado y la función reguladora. Un marco institucional que resguarda la independencia de la autoridad no es un costo para el mercado sino que es parte del seguro que sostiene la inversión de largo plazo y ayuda a contener la prima de riesgo país.
