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Alto contrasteCorrupción judicial
JOSÉ MIGUEL ALDUNATE Director de estudios del Observatorio judicial
José Miguel Aldunate
Cuando eres procurador judicial ves de todo: expedientes extraviados, chocolates para acelerar resoluciones, causas que pasaban arriba o abajo del torreón de papeles del escritorio del juez sin explicación; en fin, corrupción de ventanilla, pequeñas maniobras para hacerse unos pesos. Pero grandes casos de corrupción no había. Imagino que muchos de esos actuarios que recibían un billetito azul para apurar trámites hoy deben sentirse legitimados, vindicados incluso, al ver en todos los medios del país como arriba también se roba y se roba en grande.
Los escándalos de corrupción indignan a los justos, pero legitiman a los frescos. Si no se frenan a tiempo, termina instalándose la idea de que avivarse paga más que sentarse a esperar como los tontos. ¿Cómo se frena la corrupción en el Poder Judicial? No basta con crear delitos ni con subir las penas. Eso ya existe, y aun así todo indica que los hechos ocurrieron. El daño se produce en el instante en que la corrupción sucede, aunque después se sancione.Un primer paso es la reciente aprobación del Código de Ética del Poder Judicial. Es cierto: no trae sanciones ni penas. Pero en una cultura donde, como admitió el ministro Ulloa, “lo que yo hice fue lo que vi a mi alrededor”, no sobra fijar con total claridad qué está bien y qué está mal.
“Mientras la Corte Suprema concentre el poder sobre nombramientos, administración y disciplina, existirán espacios para gestiones personales y redes informales”.
Más relevante aún es la reforma al gobierno judicial, hoy en discusión en el Senado. La ocasión hace al ladrón, y mientras la Corte Suprema concentre el poder sobre nombramientos, administración y disciplina, existirán espacios para gestiones personales y redes informales. Desconcentrar ese poder y traspasarlo a órganos especializados, con criterios objetivos y procedimientos reglados, es la manera más directa de cortar la intermediación opaca que impregna al sistema.Igualmente crítico es el régimen disciplinario. El sistema vigente, basado en un autoacordado y controlado por la propia jerarquía, ya mostró sus límites tras la fallida remoción del ministro Ulloa, que terminó con el Congreso destituyéndolo de todos modos. Se necesita una ley que defina con claridad faltas, sanciones y procedimiento, y que garantice la imparcialidad del tribunal encargado de juzgar.
Conviene también descargar a la Corte Suprema. En los tribunales colegiados, la principal defensa frente a decisiones anómalas es el contraste entre ministros: disentir, discutir y detectar fallos impropios. Pero si todo se resuelve a ritmo industrial, ese control interno se vuelve ilusorio. Reducir la carga y convertir a la Suprema en un verdadero tribunal de casación, que intervenga solo en asuntos jurídicamente relevantes, es condición para asegurar la calidad de la justicia y cerrar los espacios donde prospera la corrupción.Finalmente, la experiencia comparada ofrece un estándar útil: la norma ISO 37001. Medidas como designar un responsable antisoborno, levantar mapas de riesgo y establecer canales de denuncia protegidos permiten pasar de la declaración de principios a la gestión efectiva del riesgo. En un clima donde la confianza está dañada, profesionalizar la prevención es la manera más directa de cerrar las grietas por donde la corrupción se cuela.
