VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteQuien usa paga: el principio en juego
MARCELA RUIZ-TAGLE O. Socia Gemines Consultores
Marcela Ruiz-Tagle
Preocupación ha generado la tramitación del proyecto de ley que deroga el artículo N° 114 de la Ley de Tránsito, eliminando así la sanción a los usuarios que circulen por caminos públicos concesionados sin tener habilitado su sistema de cobro electrónico de peaje (TAG). De prosperar la iniciativa afectaría de manera relevante el funcionamiento del sistema de concesiones, diseñado bajo el principio de “quien usa paga”, donde la sanción es parte del equilibrio de los riesgos contractuales.
El sistema, creado hace más de tres décadas, se basa en licitaciones públicas en que las empresas adjudicatarias deben financiar, construir, mantener y operar la infraestructura bajo estándares de servicio predefinidos. En el caso vial, reciben ingresos por un número definido de años provenientes del pago de peajes. La legislación asegura la consecución del pago mediante acciones civiles y multas a beneficio fiscal; estas últimas son especialmente efectivas al combinar la sanción pecuniaria con restricciones al uso del vehículo con el cual se infringió la ley. Actualmente, existen 37 concesiones viales en operación, de las cuales las autopistas urbanas son las utilizadas más intensivamente al concentrar el 75% del total de transacciones en vialidad concesionada del país.
“Eliminar las multas por no uso del TAG generaría un efecto en cadena en otras áreas donde las concesiones son clave para cerrar brechas de infraestructura social”.
Debilitar los incentivos al pago induciría un comportamiento tipo “free rider”, es decir, la proliferación de usuarios que se benefician del uso de vías de alto estándar sin contribuir a su financiamiento. Ello incrementaría la congestión y la contaminación en los principales centros urbanos y podría abrir el debate sobre revertir el sistema de “free-flow” en escenarios de evasión creciente. Al mismo tiempo, deterioraría el sistema integral de transporte urbano al limitar los recursos disponibles para mejorar la cobertura, complementariedad y modernización del transporte público -Red y Metro- empeorando la equidad en el acceso y sin contener el uso del automóvil particular. Además, la iniciativa erosionaría la certeza jurídica pudiendo generar un efecto en cadena a otras áreas en que el mecanismo de concesiones es clave para cerrar brechas de infraestructura social.
En síntesis, la iniciativa genera incentivos perversos al incrementar la evasión y erosionar el financiamiento por usuario; eleva el riesgo sistémico al abrir la puerta a propuestas similares en otras áreas concesionadas; encarece el costo del servicio al deteriorar la asignación de recursos; debilita la situación fiscal y contractual al aumentar la prima de riesgo de estos proyectos; y empeora la calidad de vida de los habitantes al generar externalidades negativas. Además, tiene un efecto regresivo, según cifras oficiales la mayor proporción del gasto en peajes en el Gran Santiago corresponde a los dos quintiles de mayores ingresos, el que casi cuadriplica el gasto de los dos quintiles de menores ingresos. Esto refleja restricciones presupuestarias y también la existencia de vías no tarificadas para el desplazamiento vehicular. Por lo tanto, la eliminación de las multas al tránsito en vías concesionadas no solo es regresiva, sino que además empeora la asignación de recursos de la economía.
