“Que se haga justicia, aunque perezca el mundo”

Las isapres están al borde de la quiebra. Tres millones de afiliados inundando Fonasa no es un escenario que quisiéramos imaginar, pero está a la vuelta de la esquina.

Correctamente, el exministro Mañalich culpó al Ejecutivo y al Legislativo por no haber tenido “la capacidad de legislar y prever esta situación”. También las aseguradoras privadas recibieron su parte en el raspacachos, por “refractarias a los cambios”. Sin duda, un diagnóstico acertado.

Pero hay un actor que siempre las saca limpias, a pesar de tener muchísima responsabilidad en la crisis venidera: la Tercera Sala de la Corte Suprema.

Por más de una década, la Corte ha sostenido una política pública —ya ni cabe hablar de jurisprudencia— que, en la práctica, equivale a una verdadera fijación de precios. Y como cualquier economista sabe, ninguna industria es sostenible en estas condiciones. El Ejecutivo no reaccionó. El Legislativo tampoco. Las isapres se hicieron las tontas y le echaron para adelante. Pero quien creó y crió al monstruo de las protecciones contra las alzas de los planes de salud fueron los ministros de la Tercera Sala.

Es cierto que, muchas veces, la Corte pidió que los políticos solucionaran el problema. No quería seguir atendiendo a la industria de abogados dedicados a congelar los planes de salud, que atestaban el trabajo de los tribunales de justicia. Pero era en vano. Los políticos hicieron oídos sordos.

Entonces, cansados de pedir soluciones legislativas a la autoridad competente, los ministros de la Tercera Sala decidieron hacer ley por mano propia. Primero, frenaron el alza de 7,6% de todos los planes de salud, cuestionando el tope máximo fijado por la Superintendencia. Después, modificaron la tabla de factores de todos los contratos, obligando a las isapres a restituir los excesos. Y con ello, acabaron por dinamitar el sistema.

¿Qué explicación dio la Corte? Invito a leer los fallos. Lejos de constatar una acción u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace una garantía constitucional —que es lo único que puede hacer cuando conoce un recurso de protección—, la Corte se embarcó en un laberinto argumental imposible de reproducir, desembocando en una decisión política cuyos efectos exceden ampliamente el ámbito de sus facultades.

En ninguna parte de la sentencia los ministros se preguntan por las condiciones materiales que hacen posible el derecho a la salud que dicen defender. Está muy bien. Los ministros no son especialistas en economía ni en salud. Pero, entonces, ¿con qué derecho adoptan decisiones que nos conciernen a todos y donde querríamos contar con la opinión de expertos, además de, por supuesto, una adecuada deliberación democrática? Nada de eso pesa en el razonamiento de los ministros de la Tercera Sala, para quienes todo se reduce a una disquisición jurídica sobre la correcta aplicación de los derechos, como si la sostenibilidad del sistema fuera irrelevante.

Ahora que las autoridades políticas corren en círculos frente a la inminente quiebra de las indolentes isapres, me pregunto si los ministros de la Tercera Sala están contentos de haber logrado, al fin, su cometido: fiat iustitia et pereat mundus.