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Alto contrasteCrisis de aserraderos en la macrozona sur
“Son empresas con 30, 40 años de historia, que no pueden sostenerse más”, sostuvo hace unos días en DF el presidente regional del gremio de los pequeños aserraderos del Biobío, Víctor Sandoval, al describir la compleja situación que atraviesa el sector. Hoy, cerca del 20% de los aserraderos y pequeñas forestales del país está al borde de desaparecer. En la zona sur abundan los casos de PYME madereras en insolvencia, lo que sumado a la pérdida de capital y empleo, refleja un deterioro progresivo de la competitividad y sustentabilidad de una actividad clave para una zona donde la industria forestal constituye un pilar económico y social.
Cifras del Instituto Forestal (Infor) reflejan que desde 2019 el número de aserraderos ha caído más de 20%, al pasar de 957 a 763, donde Ñuble concentra los mayores retrocesos, seguida de Los Lagos. La magnitud de la contracción resulta especialmente preocupante si se considera que se trata de una industria con un potencial único en términos de explotación renovable de recursos naturales.
Los problemas estructurales del rubro incluyen falta de modernización tecnológica en las PYME, escasez de materias primas por déficit de plantaciones, restricciones de acceso al financiamiento para reforestación y un aumento sostenido en los precios de insumos y maquinarias. Aunque las tensiones derivadas de la guerra de aranceles y la menor demanda nacional e internacional han influido en el escenario, el mayor problema es el cortoplacismo de las políticas económicas y de fomento productivo, que impiden que la industria pueda planificar con certezas un desarrollo estratégico a 20 años.
Solo en el último quinquenio, la reducción de aserraderos ha implicado una pérdida de 3.500 empleos. Se trata de una crisis paradójica en un país que tiene una superficie forestal total de más de 16,2 millones de hectáreas de bosques (cerca del 24% del territorio nacional), de las cuales unos 2,28 millones de hectáreas son plantaciones comerciales. Sin embargo, no se ha logrado articular una estrategia que aproveche este potencial en una industria que tiene una fuerte personalidad regionalista.
Un sector que aporta empleo de manera significativa en la macrozona sur y que tiene peso estratégico para la diversificación productiva del país no debiera seguir siendo ignorado en la discusión de políticas públicas. Medidas como el acceso a financiamiento para replantaciones, apoyos a la retención laboral, incorporación de tecnologías de mayor productividad y, sobre todo, certidumbre jurídica para que los inversionistas puedan proyectar iniciativas más allá del ciclo político de cuatro años, son clave para reactivar al sector. No se trata solo de un desafío para el actual Gobierno; es también una oportunidad para que las candidaturas presidenciales propongan cómo apoyarán a las economías regionales.
