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Alto contrasteDesafíos de Chevesich en la Presidencia de la Corte Suprema
La tarde del lunes 15 de diciembre, el Poder Judicial volvió a situarse en el centro del debate público. Mientras la Cámara de Diputados aprobaba la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, el pleno del máximo tribunal elegía a Gloria Ana Chevesich como su nueva presidenta. Ambos hechos deben entenderse a la luz de un mismo contexto institucional, marcado por cuestionamientos persistentes a la autoridad de la judicatura.
La acusación constitucional contra Simpertigue se inscribe en una seguidilla de episodios que han puesto en entredicho el deber de imparcialidad judicial. Los cuestionamientos que han emergido del caso Audios y la denominada “muñeca bielorrusa” apuntan a conductas asociadas a la dictación de los fallos. En este caso, el reproche se centra en la mantención de relaciones cercanas con abogados vinculados a Belaz Motivec y en la realización de viajes compartidos con ellos después de haber fallado en una de las causas cuestionadas. No resulta aventurado prever que el Senado coincida con el criterio de la Cámara de Diputados.
El Poder Judicial atraviesa una crisis institucional, que requiere con urgencia una conducción que recomponga las confianzas.
Este escenario es sustantivamente distinto al de anteriores acusaciones constitucionales, que fueron correctamente rechazadas. En los casos contra Silvana Donoso o contra tres ministros de la Corte Suprema en 2018, lo que se buscaba era enmendar decisiones jurisdiccionales por la vía política, una práctica incompatible con la independencia judicial. Aquí, en cambio, la crítica recae sobre conductas objetivas de los ministros en la dictación de los fallos, que afectan directamente el deber de imparcialidad.
En ese contexto debe leerse la elección de Gloria Ana Chevesich como presidenta de la Corte Suprema. Más allá del simbolismo de elegir por primera vez a una mujer, se trató de una designación prudente. Al respetar la tradición de la antigüedad, el pleno descartó los rumores que apuntaban a una eventual elección de la ministra María Angélica Repetto, quien no reunía dicho requisito y que, además, había integrado el grupo de ministros que votó en contra de la remoción del juez Antonio Ulloa. El antecedente del caso Ulloa es relevante. La negativa de la Corte a removerlo, seguida por su destitución vía acusación constitucional, dejó la impresión de que el Congreso había terminado desautorizando al máximo tribunal. En ese escenario, saltarse ahora su propia regla de antigüedad habría alimentado inevitablemente la sospecha de autoprotección corporativa.
La presidencia de Chevesich no resuelve la crisis, pero evita profundizarla. En tiempos de desconfianza, la normalidad institucional es una condición mínima para comenzar a reconstruir la autoridad del máximo tribunal. Es de esperar que la ministra Chevesich logre encauzar a la Corte Suprema en la superación de esta crisis.
