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Alto contrasteEl silencioso avance del crédito informal
El crecimiento del crédito informal en Chile dejó hace tiempo de ser una simple anomalía financiera para transformarse en un problema económico, social y de seguridad pública. Las cifras dadas a conocer por la Asociación de Retail Financiero (ARF) son elocuentes. Se trata de un mercado ilegal que mueve cerca de US$ 4.000 millones al año, alcanza a más de 600 mil personas y provoca pérdidas fiscales superiores a los US$ 100 millones. Pero más allá del costo tributario o del daño al sistema financiero formal, lo inquietante es la consolidación de un ecosistema delictual que encuentra en la exclusión financiera y en las brechas regulatorias un terreno fértil para expandirse.
El fenómeno no se limita al tradicional préstamo “gota a gota”, aunque este sea su cara más visible y violenta. Lo que hoy emerge es una red compleja donde convergen lavado de dinero, fraude financiero, ciberdelincuencia y extorsión. El crédito informal opera como puerta para actividades criminales más amplias, utilizando plataformas digitales, redes sociales, aplicaciones móviles y canales de comercio informal para captar clientes y mover recursos.
Lo que hoy emerge es una red compleja donde convergen lavado de dinero, fraude financiero, ciberdelincuencia y extorsión.
La gravedad del problema obliga a abandonar la mirada simplista que reduce el debate a una cuestión de usura o incumplimiento legal. Aquí hay una amenaza sistémica que erosiona la confianza en el sistema financiero, debilita la recaudación fiscal y, sobre todo, deja a cientos de miles de personas expuestas a organizaciones criminales que reemplazan al Estado allí donde el crédito formal no llega.
El diagnóstico de la ARF también revela una contradicción incómoda. Mientras el sistema financiero chileno ha fortalecido sus estándares regulatorios y de protección al consumidor, una parte relevante de la población quedó excluida del acceso al crédito formal. La discusión sobre la Tasa Máxima Convencional es ilustrativa: aunque la reforma buscó reducir los costos del crédito para los usuarios formales, también habría expulsado a unas 300 mil personas hacia circuitos informales.Eso no significa que la solución pase por debilitar las regulaciones o abrir espacio a prácticas abusivas dentro del sistema formal. Pero sí obliga a reconocer que las políticas públicas generan efectos secundarios cuando no consideran mecanismos de inclusión financiera para los segmentos de mayor riesgo. El problema, además, tiene una dimensión territorial. En el norte, el crédito informal se vincula con redes de contrabando y narcotráfico; en el sur, crecen las denuncias por extorsión y préstamos usureros; y en la macrozona centro las bandas criminales aprovechan ferias libres, campamentos y plataformas digitales para consolidar sus operaciones.
Frente a este escenario, el Estado aparece rezagado. Chile carece todavía de un sistema coordinado de inteligencia financiera y persecución criminal capaz de enfrentar integralmente este fenómeno. Por eso, las propuestas planteadas por la industria merecen atención. Entregar mayores facultades a la CMF y al Sernac para bloquear aplicaciones fraudulentas y perseguir plataformas ilegales parece indispensable. También resulta urgente fortalecer la educación financiera y generar condiciones regulatorias que permitan reincorporar a consumidores excluidos al mercado formal.
