Pesquera Blumar presentó una demanda con el Estado de Chile alegando los daños patrimoniales y en su operación que derivan de promulgación de la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero. La empresa estima el perjuicio económico en torno a los US$ 216 millones, cifra que resulta de la reducción anticipada de cuotas y la afectación de derechos que, según la normativa anterior, debían regir hasta al menos el año 2032.
La acción judicial acusa una vulneración del marco regulatorio establecido en 2013 (Ley de Pesca), bajo el cual la industria renunció a licencias indefinidas a cambio de permisos temporales de 20 años renovables. Blumar sostiene que la nueva legislación altera unilateralmente estas reglas. “La nueva normativa modifica el régimen establecido sin contemplar mecanismos de compensación, lo que configura una afectación patrimonial grave, equivalente a una expropiación regulatoria, lo que vulnera principios esenciales de seguridad jurídica que el Estado debe garantizar”, señalaron.
Economía local
La compañía pesquera argumentó además que ante este nuevo escenario para la captura, ha debido reevaluar su plan de desarrollo, específicamente en lo relativo al jurel para consumo humano, principal especie capturada en las costas de la Región del Biobío.
Bajo el régimen anterior, Blumar había hecho inversiones valoradas US$ 45 millones en la planta de la compañía en Coronel que hoy -dijo la firma- se ven afectadas, así como también la generación y mantención 250 empleos directos e indirectos, los cuales ahora quedan ante la incertidumbre jurídica y la reducción de materia prima disponible para el sector industrial.
“Somos una empresa responsable, seria y profesional. Debemos proteger no sólo los intereses de nuestros accionistas, sino que especialmente los de nuestros trabajadores y los de las comunidades donde operamos; cuando se alteran unilateralmente reglas establecidas por ley, el camino institucional es ejercer las acciones que nuestro ordenamiento contempla”, enfatizaron desde la compañía.
Acciones paralelas
La demanda de Blumar confirma la judicialización con que la pesca industrial está enfrentando la nueva regulación del sector. La semana pasada, Camanchaca S.A. informó el ingreso de una demanda similar ante el 18° Juzgado Civil de Santiago.
En su libelo, Camanchaca exige una indemnización de $90 mil millones, argumentando que la Ley N°21.752 modificó el fraccionamiento siete años antes de su vencimiento. Ricardo García, gerente general de pesquera, advirtió que el daño productivo sólo para 2026 en la compañía se traduce en la reducción de la captura de 33 mil toneladas de jurel. "El Estado ofreció reglas claras, por un plazo definido y renovable (...) Cuando esa promesa se rompe unilateralmente antes de tiempo, no solo se afecta a una empresa, sino que se daña la confianza en el país como un todo", afirmó García tras la presentación de la acción el pasado 31 de enero.
Respaldo gremial
Desde la asociación de Pescadores Industriales del Biobío, manifestaron su apoyo a las acciones legales de las compañías, calificando las medidas como una defensa ante daño patrimonial que la nueva legislación implica para el sector.
“Ley de Fraccionamiento Pesquero que impulsó el gobierno saliente, por razones meramente ideológicas, se marcó un grave precedente que le hace mal a la confianza país. Por eso, respaldamos a las empresas pesqueras que han recurrido o recurrirán a tribunales para defender lo que consideran un daño patrimonial severo producto de una expropiación encubierta de derechos que se encontraban plenamente vigentes a 2032”.
En su declaración el gremio de la pesca industrial destacó que “Chile se ha caracterizado internacionalmente por ser un país que respeta su Estado de Derecho” y bajo ese concepto, “la certeza jurídica y las reglas claras son condiciones mínimas para atraer inversión y generar prosperidad en las familias y comunidades”.
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