Un duro golpe financiero enfrenta la Corporación Municipal de Castro (CMC) luego de que la Contraloría Regional de Los Lagos, a través de su Informe Fiscal N°22 de 2026, detectara irregularidades por más de $ 1.847 millones al interior de la entidad, ligadas a la externalización de la recuperación de subsidios por licencias médicas. Las operaciones cuestionadas se efectuaron entre marzo de 2022 y septiembre de 2024.
Durante la administración del exalcalde Juan Eduardo Vera, la corporación contrató a las firmas Finanzas Públicas SpA y Consultora Asesora Pyme SpA para gestionar el reembolso de estos fondos por incapacidad laboral ante Fonasa, isapres o cajas de compensación. Por este servicio, las empresas cobraban comisiones de entre 15% y 18% de los montos recuperados. Sin embargo, el ente fiscalizador constató pagos sin respaldo suficiente, 25 facturas con inconsistencias ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), recuperaciones no acreditadas y pagos depositados en cuentas personales.
La crisis ha escalado a nivel judicial, comprometiendo la liquidez del municipio. Daniel Navarro, secretario general de la CMC, advirtió que actualmente enfrentan 11 juicios ejecutivos relacionados con estas empresas "por el orden de los $ 800 millones". Estos juicios se originaron por el cobro de facturas que fueron cedidas a empresas de factoring por un total de $ 833 millones, las cuales, según Contraloría, no contaban con el respaldo efectivo de las prestaciones. Navarro calificó esta situación como "el talón de Aquiles que pone en peligro el trabajo en la salud pública".
Frente a este escenario, el actual alcalde de la comuna, Baltazar Elgueta, remarcó que su administración ha actuado "con total transparencia colaborando permanentemente con los organismos fiscalizadores" para esclarecer el estado financiero en que recibió a la institución. Por su parte, la jefa de la Unidad Jurídica de la CMC, María Paz Maceiras, confirmó que la entidad amplió una querella criminal para incluir a las dos empresas involucradas en el mecanismo.
El origen de las inconsistencias
El caso se remonta a una denuncia ingresada en 2022 por el concejal y abogado Ignacio Álvarez. En conversación con DF Regiones, explicó que las alertas saltaron tras analizar la estructura de costos de la corporación, agravada luego de que la entidad no respondiera a tiempo un proyecto de contrato colectivo de los asistentes de la educación, lo que abultó la planilla de remuneraciones en cerca de $ 1.500 millones anuales.
Al crearse una comisión investigadora para revisar las cuentas, Álvarez notó lo ilógico del modelo de externalización. "Me llamó la atención que la corporación no solo había externalizado la recuperación del histórico de licencias médicas, sino también la recuperación de lo que se percibe día a día, lo cual carecía de sentido: existía personal interno capacitado para realizar esa labor, por lo que no era necesario entregar a una empresa externa un porcentaje cercano a 20% por dicho servicio", detalló el concejal.
Según el abogado, tras el cambio de administración comenzaron a evidenciarse "inconsistencias en las facturaciones y en los cobros realizados por empresas de factoring, sin que existieran antecedentes de servicios efectivamente prestados".
Ante la gravedad del informe final de Contraloría, que derivó en un juicio de cuentas, los antecedentes ya fueron despachados al SII, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público.
Álvarez confirmó que la Fiscalía Local de Castro ya acogió la solicitud para citar a declarar al exalcalde Vera, a dos exsecretarios generales de su gestión y al exdirector de Finanzas de la Corporación. "No quiero aventurarme a señalar responsabilidades personales. Lo importante es que se investigue a fondo, caiga quien caiga, y que se esclarezcan las responsabilidades civiles, administrativas y también penales", concluyó la autoridad comunal.
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