Lo que comenzó como una alerta focalizada en la provincia de Talca se ha ido trasformado en una crisis que amenaza con dejar sin agua potable a miles de habitantes rurales de la Región del Maule.
Tras una primera suspensión de servicios el 12 de enero que afectó a casi 500 familias, los prestadores de servicios de camiones aljibe han entregado un ultimátum: si la autoridad no regulariza los pagos pendientes antes del viernes 23 de enero, la flota detendrá sus motores de forma indefinida.
El conflicto desnuda un agujero financiero en la administración regional. Según una carta con el desglose detallado de pasivos, remitida al despacho del diputado Jorge Guzmán para ponerlo en antecedentes, la deuda acumulada por la Delegación Presidencial Regional del Maule y la Delegación Provincial de Curicó asciende a $ 2.265 millones. Este monto corresponden a servicios licitados y ejecutados entre 2022 y 2025, cuyos pagos han sido postergados reiteradamente, asfixiando la caja de las empresas proveedoras.
El mayor acreedor
Aunque el conflicto involucra a varias firmas contratistas, la radiografía de la deuda revela que el golpe financiero lo está absorbiendo, en gran medida, una sola persona. Israel Roa, empresario individual del rubro, figura como principal acreedor del sistema.
De acuerdo con los documentos, el Estado mantiene impagos con Roa a título personal más de $1.380 millones: específicamente $ 744 millones adeudados por la Delegación Presidencial Regional del Maule por los periodos 2022 a 2024, y $ 637 millones de la Delegación Provincial de Curicó por servicios de 2024 y 2025.
Según relató Ángel Cancino, vocero de los conductores en Talca, el empresario "está quebrado, él no tiene plata para echar petróleo" y depende de préstamos de terceros para mantener los camiones operativos. La falta de liquidez ha empujado a estos operadores a sostener un servicio público esencial comprometiendo su patrimonio personal. El propio Cancino asegura estar financiando su operación con el pago anticipado de su jubilación por una enfermedad terminal, recursos sin los cuales no podría seguir trabajando.
Bloqueo en Mercado Público
Luis Correa Palma, gerente general de Agua Potable Roa Muñoz SpA —otra de las empresas afectadas, con acreencias por más de $ 623 millones correspondientes a 2025—, explicó a DF Regiones que la crisis se agrava por un círculo vicioso burocrático que hace inaplicable la "Ley de Pago a 30 Días".
El problema radica en que los contratistas quedan atrapados en un "área gris": prestan el servicio, pero no pueden facturar hasta que el Estado emita la Orden de Compra. Al demorarse este documento meses o años, no pueden recurrir al factoring para obtener liquidez. Al quedarse sin flujo, se atrasan en el pago de cotizaciones previsionales, lo que activa automáticamente un bloqueo en el sistema de Mercado Público.
"El Estado hace beneficencia con los dineros de las PYME y solo quedamos como un daño colateral", se quejó Correa.
Zonas en riesgo
Si las negociaciones no prosperan antes del viernes 23, la paralización dejará de ser una advertencia para convertirse en una emergencia sanitaria en dos importantes provincias. Según los registros de servicios impagos, la suspensión del suministro afectaría en la Provincia de Talca a las comunas de Pelarco, San Clemente, Pencahue, Curepto, San Rafael y Río Claro.
Por su parte, en la Provincia de Curicó, la medida impactaría directamente a los habitantes de Teno, Romeral, Molina, Rauco y Licantén. Pese a que la autoridad ofreció abonar cerca del 10% de la deuda, la agrupación de proveedores —movilizada tanto por Cancino en Talca como por Correa en Curico— mantiene la alerta, condicionando la continuidad del servicio al pago efectivo de los montos adeudados.
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