La prórroga de la concesión de Zona Franca de Iquique S.A. hasta 2050 pasó de ser una señal de continuidad a un foco de controversia, abriendo un frente político, municipal y societario, apenas horas después de que la junta extraordinaria de accionistas aprobara el plan de inversiones que sustenta la prórroga.
La propuesta fue aprobada en una sesión que se realizó de manera presencial y online, marco en el cual el 95,11% de los accionistas presentes votó por aprobar, mientras que un 4,16% se abstuvo y un 0,72% rechazó.
El plan considera una cartera de inversiones por más de $ 115 mil millones y es condición para la suscripción del nuevo contrato de concesión con el Fisco, actualmente vigente hasta 2030.
Ofensiva ante Contraloría
El diputado por la Región de Tarapacá y senador electo, Renzo Trisotti, solicitó que la Contraloría no tome razón del decreto que formaliza la prórroga mientras no se revise si el proceso cumplió con la legalidad y las normas de libre competencia.
Su acción apunta a que el órgano de control analice los antecedentes antes de que el contrato quede plenamente vigente. "La prórroga de Zofri no es un trámite, compromete 25 años de desarrollo para Tarapacá. Antes de que quede firme, recurriré a la CGR, deben despejarse dudas legales y económicas con máximo estándar de transparencia. No es obstruir, es proteger a Iquique y al sistema franco y eso lo vamos a exigir con todas las herramientas de la ley", señaló el parlamentario del Partido Republicano.
En la misma línea, el ex presidente del directorio de Zofri S.A., Patricio Sesnich, cuestionó tanto el resultado de la votación como la legalidad de la junta extraordinaria. A su juicio, el respaldo se explicó por la coordinación entre la compañía y el controlador estatal y no por un apoyo mayoritario de los accionistas privados.
“Lo importante como señal es que los accionistas privados o se abstuvieron o votaron en contra (...) Además, y muy importante, estaban presentes 168.000.000 acciones de 220.000.000, por lo tanto, al haberse incumplido el plazo de citación y no estar presente el 100% de las acciones emitidas, la junta es nula por vicios de formalidad”, concluyó.
Críticas desde la política
A lo anterior se sumaron las críticas del alcalde de Iquique, Mauricio Soria, quien cuestionó la decisión y el modelo que, a su juicio, se consolida con la prórroga. “El día de hoy. Nuevamente el centralismo brutal nos golpea tomando decisiones entre cuatro paredes en Santiago por personas que no viven en esta región ni en esta ciudad”, afirmó.
Desde el punto de vista del jefe comunal, “hoy día se le plantea al Directorio de Zofri S.A. 20 años más de un modelo inmobiliario, de un modelo que ya está agotado”. En ese marco, hizo un llamado a La Moneda: “Espero, espero que el Presidente y sus ministros antes de firmar esto, lo revisen, porque no están beneficiando a Tarapacá ni al norte de Chile ni a Chile, con lo que viene en su posicionamiento a nivel global con el norte de Chile. Aquí le están haciendo el negocio a unos pocos y unos pocos se van a hacer millonarios por 20 años sin mover un dedo”.
Además, mediante un comunicado, las directivas regionales de partidos de oposición en Tarapacá cuestionaron el proceso y apuntaron al rol del Estado como accionista mayoritario a través de Corfo en la votación.
En el texto sostienen que “la aprobación del plan de inversiones no puede entenderse como un respaldo del mercado, sino como una decisión impulsada por el controlador estatal” y agregan que “una prórroga hasta 2050 requiere transparencia, participación real de los actores regionales y un debate amplio sobre sus condiciones”.
Asimismo, advirtieron que el proceso aún no está jurídicamente cerrado y que corresponde su revisión antes de la formalización definitiva.
Arica se suma al cuestionamiento y pide garantías
En tanto, la Asociación de Industriales de Arica (ASINDA), advirtió que la región quedó sin garantías explícitas en el nuevo esquema. Su presidente, Daniel Navarro, afirmó: “Manifestamos públicamente nuestra profunda preocupación frente al proceso de renovación de la concesión de ZOFRI S.A., esto se percibe como un amarre de última hora que compromete el desarrollo regional hasta el año 2050 sin el debido conocimiento ni participación de Arica, por lo que, solicitamos expresamente la incorporación de un ‘Capítulo Arica’ vinculante, con metas, presupuestos y compromisos de inversión claros para nuestra región”.
También señaló que “nos preocupa especialmente que se pretenda renovar una concesión hasta el año 2050 sin que exista claridad respecto del Plan de Inversiones y sin garantías explícitas para Arica y Parinacota. La ley es clara, el sistema franco existe para el desarrollo regional”.
Navarro sostuvo que, a su juicio, el nuevo contrato no asegura un trato equilibrado para Arica y advirtió que la región podría quedar fuera de decisiones estratégicas en materia de inversiones y desarrollo logístico. En esa línea afirmó que “excluir a Arica del Plan de Inversiones o del texto contractual vulnera no sólo el espíritu de la normativa, sino también el principio de equidad territorial que debe guiar las decisiones del Estado”.
Añadió que la discusión no apunta a frenar la inversión, sino a exigir mayores estándares de transparencia y participación efectiva en un contrato que definirá el rumbo del sistema franco por más de dos décadas. Finalmente, subrayó: “Arica necesita certezas. Necesita equidad. Y necesita que su voz sea escuchada.”
En tanto, el alcalde de Arica, Orlando Vargas, hizo un llamado a los parlamentarios de su región para que defiendan los intereses de la región. “No estoy de acuerdo que amarren un contrato entre gallos y medianoche sin tomar en cuenta a la ciudadanía ariqueña. Por eso, les pido a los parlamentarios que luchen. Tenemos que jugarnos por una zona franca industrial para Arica”.
Solicitud de nulidad
En paralelo al debate político, el conflicto escaló al plano societario. El Consorcio Franco de Exportación S.A. solicitó formalmente la nulidad de la citación a la junta extraordinaria y de los acuerdos adoptados, argumentando una serie de incumplimientos formales y legales que, a su juicio, invalidarían el proceso completo.
En su presentación, el accionista sostiene que la citación no habría cumplido con los plazos establecidos en los estatutos vigentes de la sociedad, que exigen al menos 20 días de anticipación y la publicación del primer aviso con 15 días previos a la celebración, conforme a lo establecido en el artículo 39 de la quinta JEA. A ello, suma la supuesta omisión de antecedentes clave para la toma de decisión, como el detalle del plan de inversiones, el contrato de renovación de la concesión y documentación financiera relevante.
El escrito también cuestiona que la aprobación del plan de inversiones esté vinculada a la suscripción de un contrato con el Fisco (accionista mayoritario a través de Corfo) sin que se haya entregado información suficiente a los accionistas minoritarios ni acompañado informes externos que evalúen las condiciones de la operación. Según el documento, enviado a los medios, esta estructura podría configurar una operación con parte relacionada que requería mayores exigencias de transparencia y resguardo.
En ese contexto, el Consorcio afirma que “por este solo hecho esta junta (de accionistas) es nula, y amerita se fije un nuevo día y hora para una nueva citación esta vez cumpliendo con los requisitos establecidos en el estatuto de la sociedad.”
Además, acusa falta de transparencia en la forma en que se habría articulado el proceso y eleva el tono respecto de las responsabilidades individuales que podrían derivarse. En el escrito sostiene que “se estableció un mecanismo espurio y poco transparente creado para engañar a los accionistas minoritarios y hacerlos responsables de la suscripción de un contrato que fue negociado a espaldas de los minoritarios”.
Qué dicen desde Zofri S.A.
Desde Zofri S.A. defendieron la legalidad y el alcance estratégico de la decisión. La compañía, a través de un comunicado, señaló que el Plan de Inversiones aprobado por más de $ 115 mil millones está destinado íntegramente a nuevas obras y proyectos estructurales, no a mantención ordinaria e incluye ampliaciones y mejoras en infraestructura operativa y logística, incorporación de soluciones tecnológicas para mayor trazabilidad y eficiencia, modernización de instalaciones con estándares ambientales más exigentes y el desarrollo de nuevos servicios asociados a logística y comercio internacional con foco en mayor valor agregado.
Según Zofri S.A., estas iniciativas buscan posicionar al sistema franco como una plataforma logística moderna dentro del Cono Sur, en un escenario marcado por la consolidación de corredores bioceánicos y nuevas infraestructuras portuarias en la región.
El presidente del directorio, Iván Berríos Camilo, sostuvo que “esta aprobación proyecta al sistema franco hacia 2050 con compromisos verificables de inversión y con estándares más altos de cumplimiento. En un entorno regional dinámico, la estabilidad jurídica y la inversión de largo plazo son condiciones esenciales para mantener la competitividad del sistema y su aporte al desarrollo del norte de Chile”.
Además destacó que el nuevo contrato incluye estándares más altos y mecanismos de control más estrictos "incluye un inspector de cumplimiento, que va a permitir validar y dar trazabilidad a cada uno de estos proyectos y si no se cumplen, ahi puede, inclusive, darse por término anticipado" señaló.
Contrato en tensión
El nuevo contrato extendería la concesión, actualmente vigente hasta 2030, por un nuevo período que se proyecta hasta 2050 e incorpora ajustes en el esquema de pagos y en el plan de inversiones. Si la Contraloría decide revisar en profundidad el proceso antes de tomar razón, la formalización del contrato podría dilatarse. En paralelo, la eventual judicialización por parte de accionistas minoritarios abre un nuevo flanco en torno a la estabilidad jurídica del sistema franco.
Con ello, una decisión que buscaba asegurar continuidad hasta 2050 quedó tensionada por cuestionamientos políticos, territoriales y societarios que mantienen abierto el debate sobre el modelo y la gobernanza de uno de los principales activos económicos del norte del país.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
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