La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio contra la Compañía Minera Gatico, titular del proyecto “Mina Mantos del Pacífico”, tras detectar incumplimientos a su permiso ambiental en las operaciones ubicadas en la comuna de Tocopilla, Región de Antofagasta.
La formulación de los cargos fue detallada en la Resolución Exenta N° 1 / ROL F-001-2026 del 23 de enero de 2026, y según la normativa vigente, la empresa podría enfrentar una multa por más de 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, cerca de $ 837 millones.
El hallazgo
El proyecto, que cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, tiene por objetivo la explotación de minerales oxidados de cobre mediante el sistema de rajo abierto. El diseño aprobado contempla el transporte y acopio de minerales marginales en un área específica delimitada por coordenadas en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Sin embargo, tras actividades de inspección realizadas en conjunto de la Dirección Regional del Sernageomin y el análisis de imágenes satelitales constató una discrepancia significativa en la operación. Según detalla el expediente, el área de acopio (stock de minerales) se extendió hacia el sureste del proyecto, abarcando una superficie aproximada de 22 hectáreas fuera del polígono evaluado ambientalmente. Este hecho constituye una infracción al artículo 35 de la Ley Orgánica de la SMA, por incumplimiento de las condiciones y medidas establecidas en la RCA.
Fiscalización y declaraciones
El levantamiento de la información incluyó la revisión de imagines satelitales -como las obtenidas vía Google Earth en mayo de 2023-, las cuales confirmaron que la intervención del terreno excedía los límites autorizados.
Al respecto, la jefa de la Oficina Regional de la SMA en Antofagasta, Javiera de la Cerda, enfatizó la rigurosidad técnica del hallazgo: “El análisis de imágenes satelitales permitió constatar que el titular estaría desarrollando actividades fuera del área autorizada en su permiso ambiental. En ese sentido, es fundamental recordar que los proyectos deben ajustarse estrictamente a lo evaluado y aprobado ambientalmente”.
Plazos y opciones para la empresa
Tras la notificación del acto administrativo, la Superintendencia ha otorgado plazos ampliados de oficio para que la compañía defina su curso de acción, disponiendo de 15 días hábiles para presentar el Programa de Cumplimiento que, de ser aprobado y ejecutado satisfactoriamente, permitiría concluir el procedimiento sin sanción administrativa. Alternativamente, si la empresa decide impugnar los hechos, cuenta con 22 días hábiles para formular sus descargos por escrito.
La SMA indicó preliminarmente que este incumplimiento, dada la naturaleza del proyecto, podría haber implicado un incremento en las emisiones de material particulado en la zona.
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