Fue el 22 de enero pasado cuando la senadora Yasna Provoste (DC), al inicio de una sesión de la comisión de Minería y Energía del Senado, pidió la palabra al presidente de la instancia, el PS Juan Luis Castro, y lanzó: “En la discusión del proyecto de isapres, en la comisión de Salud, a los invitados se les pedía que antes de iniciar señalaran si tenían algún conflicto de interés o habían prestado una asesoría remunerada o no, en ese caso las isapres, en esta la industria energética”. Con esto Provoste sumó una nueva instancia basada en esta idea de transparentar los vínculos de quienes llegan a las comisiones con el cartel de expertos, lo cual también se hizo en la reforma de pensiones.
Esa comisión del Senado está discutiendo desde enero, el proyecto que impulsa el Ministerio de Energía para ampliar el subsidio eléctrico y llegar con apoyos para las cuentas de la luz de pymes, servicios sanitarios rurales y electrodependientes, debido al proceso de alzas que viene del año pasado.
Ese proyecto está en segundo trámite y, luego de varias polémicas cruzadas en la Cámara, donde algunos diputados oficialistas acusaron a los de la oposición de tener “lobby informales” con las empresas de energía, los senadores han tomado precauciones.
Lo señalado por Provoste se comenzó a aplicar de inmediato en esa sesión y dos expertos que expusieron ese día reconocieron sus asesorías. Ese fue el caso del académico y expresidente del gremio de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, quien señaló que se dedica a la consultoría y que su lista de asesorados “era extensa, casi interminable (…) he asesorado a casi todos los actores de la industria”, indicó.
En tanto, en el turno del académico Humberto Verdejo, indicó que asesoró al gremio de Generadores Pequeños y Medios (GPM) -que representa a las empresas PMGD, uno de los principales sectores en oposición al proyecto- quienes le solicitaron un análisis de la iniciativa que presentó el Ministro Diego Pardow al Congreso.
Este miércoles, fue el turno de Daniel Salazar, socio director de la empresa EnergiE quien al inicio de su exposición comentó que no representa ni pertenecía a alguna empresa o gremio pero que asesora “a diferentes clientes, de todo tipo”. Luego de eso, siguió con su presentación pero Provoste pidió la palabra: “El acuerdo que hemos adoptado es que para identificar que no existan conflictos de interés, es que él pueda decir a qué empresas ha asesorado”. Finalmente Salazar, sin detallar, dijo que “para efectos de este proyecto de ley no estoy asesorando ni estoy detrás de ninguna empresa”.
Esto llega en una semana en que surgió una polémica por posible conflicto de interés entre el Ministerio de Energía y el gremio de las Generadoras de Chile. Esto, a raíz de que el ahora exjefe de una división del Ministerio de Energía, Alex Santander, concretara su paso al gremio que dirige Camilo Charme, como nuevo jefe de estudios, lo que se suma al caso de Danilo Jara, exjefe de la Unidad de Regulación de Energías Sostenibles del Ministerio, que durante la segunda mitad del año pasado se unió a la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol).
Consultados por el hecho, desde el Ministerio de Energía valoraron la discusión que se está dando en el Senado y agregaron que, respecto al funcionario que podría estar incurriendo en un conflicto de interés o falta a la probidad, “se está realizando un sumario administrativo y que se comenzará la creación de un protocolo interno para evitar este tipo de situaciones”.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Pensiones
