Tras una serie de exposiciones de distintos actores de la industria de la salud que finalizaron esta semana, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó este martes, de manera unánime, la idea de legislar la denominada ley corta de isapres, que tiene como fin implementar el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores -que implica devoluciones masivas a los usuarios de las aseguradoras-, manteniendo el equilibrio financiero del sistema.
Votaron a favor del proyecto en general los parlamentarios Eric Aedo (DC), Danisa Astudillo (PS), Marta Bravo (UDI), Karol Cariola (PC), Andrés Celis (RN), María Luisa Cordero (IND), Tomás Lagomarsino (IND), Daniel Lilayu (UDI), Helia Molina (PPD), Hernán Palma (IND), Agustín Romero (PR), Patricio Rosas (Comunes) y la presidenta de la mesa, Ana María Gazmuri (AH).
Ahora, la Comisión de Salud deberá avanzar para revisar en particular los artículos de la normativa y presentar indicaciones. Las expectativas son que esa votación comience tras la próxima semana distrital y que finalice durante el mismo mes de abril. Eventualmente, el proyecto podría tener una tercera etapa de discusión en una Comisión Mixta.
Según el fallo de la Suprema, las isapres tienen hasta el 30 de mayo para aplicarlo, por lo que tanto el Gobierno como los diputados están contra el reloj para aprobar y promulgar la ley corta.
La mutualización
Cabe recordar que la ley corta fue aprobada en el Senado con una indicación presentada por parlamentarios de oposición, que mutualiza la deuda de las compañías.
La mutualización es un principio por el cual los afiliados de la cartera de un seguro comparten los riesgos. En este caso, la discusión subyace en que, mientras la Superintendencia de Salud ha calculado la deuda de las isapres en, al menos, US$ 1.180 millones -aunque a la fecha ese monto habría crecido-, al mutualizar, la cifra caería a menos de la mitad.
Así, 17 senadores oficialistas presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la indicación sobre la mutualización.
Este lunes, el Gobierno se hizo parte de ese requerimiento, adhiriendo a lo propuesto por los senadores, argumentando que la indicación plantea normas de seguridad social que son de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, por lo que apuntó a su inconstitucionalidad.
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