Con los plazos aún abiertos para zanjar el plan definitivo de liquidación de activos de CorpGroup Banking (CGB) en el marco de su proceso de reestructuración judicial del Capítulo 11, del Código de Quiebras de Estados Unidos, el Comité de Acreedores ingresó una moción para examinar los gastos en las asesorías que ha contratado CGB.
El Comité solicitó al Tribunal de Delaware el nombramiento de un examinador de los honorarios a los que ha incurrido el grupo Saieh “debido a su importante preocupación por la naturaleza y el alcance del trabajo realizado hasta la fecha, y que se pretende realizar en un futuro próximo, por los profesionales contratados”.
Según el Comité -integrado por Deutsche Bank, LarrainVial y MBI- los servicios contratados por CGB “son y serán casi exclusivamente para el beneficio de los accionistas finales de los deudores, la familia Saieh y sus intereses relacionados”.
Criticaron que “estos servicios están más allá del alcance de la contratación de los profesionales de los deudores y presentan un conflicto inherente que pondrá en peligro la recuperación de los patrimonios”.
Declararon al Tribunal que están conscientes además que “al solicitar esta medida, los honorarios y gastos de sus propios profesionales contratados también estarán sujetos a la misma revisión”.
La negativa de Itaú Unibanco
Itaú Unibanco respondió a la solicitud hecha por el Comité la semana pasada y consideró que el requerimiento podría ser una "carga onerosa” para el proceso.
La compañía brasileña que participa como socio del grupo Saieh en Itaú Corpbanca puntualizó al Tribunal que “el porcentaje del valor total de estos dineros que se ha gastado en honorarios profesionales ya es escandalosamente alto y no muestra signos de disminuir y el gasto adicional de un examinador de honorarios podría aumentar aún más ese costo”.
El banco -que es uno de los mayores acreedores de CGB- afirmó que “un examinador de honorarios no es un sustituto adecuado para la determinación por parte del Tribunal de las preocupaciones sustantivas en relación con el valor altamente cuestionable que los profesionales del Comité han proporcionado a los patrimonios”.
Consideraron que este tipo de figura “por lo general no están equipados para evaluar, por ejemplo, la razonabilidad de los juicios que subyacen a las decisiones de los profesionales del Comité sobre cómo invertir su tiempo, a expensas de los patrimonios, incluyendo su decisión de gastar más de US$ 5 millones en el servicio de litigios, gran parte o la totalidad de los cuales no es probable que demuestren tener un valor cercano a esa cantidad sobre una base ajustada al riesgo”.
Aseguraron que un examinador “no ayudaría significativamente al Tribunal a entender si los honorarios han sido incurridos apropiadamente en estos casos y a resolver las principales cuestiones planteadas”.
Críticas al plan
En lo que concierne al plan de liquidación de presentó CGB, el Comité volvió a plantear sus reproches. Mencionaron que “no está claro para el Comité quién está negociando tal acuerdo en nombre de los patrimonios y quién está negociando para los accionistas de los deudores”.
“El objetivo principal de los deudores debería ser la maximización de valores en beneficio de los acreedores, no la ejecución de valiosas causas de acción en beneficio de los no deudores”, dijo el Comité.
De acuerdo al plan de liquidación, las recuperaciones estimadas por parte de Itaú Unibanco es que recibiría cerca de US$ 995 millones de los cerca de US$ 2.100 millones que le adeuda CGB y otras sociedades ligadas al grupo Saieh.
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