El costo de la vida no para de subir, y la preocupación es tal, que los reajustes salariales en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se han instalado como el gran tema en las conversaciones entre empleadores y trabajadores este año. Y los abogados laborales -tanto en representación de las empresas como de los sindicatos- están siendo testigos en primera línea de este fenómeno que no era parte de los pisos mínimos de las negociaciones colectivas.
“El cien por ciento no discutía, a lo más si el IPC era anual o semestral. Con IPC bajos las negociaciones cerraban con el reajuste asegurado, incluso los IPC negativos no se aplicaban”, ejemplifica el exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz.
Su mirada la complementa Jaime Salinas, de Salinas Toledo, quien grafica que los incrementos reales de renta normalmente fluctuaban entre el reajuste real según IPC y hasta un 3% adicional, como media.
En la actualidad, con una inflación proyectada de más de un 10% anual, las empresas -cuenta- “lejos de mantener un incremento por IPC, lo están buscando eliminar para evitar quedar expuestos a tal nivel de inflación”.
En abril, el IPC subió 1,4% mensual, más de lo esperado por la mayoría del mercado (1%) y, con ello, el alza en doce meses escaló a 10,5%, el primer registro de dos dígitos desde 1994, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Hoy, precisa, la exjefa del departamento de relaciones laborales de la Dirección del Trabajo, Wendoling Silva, las empresas están ofreciendo más dinero a través de otros beneficios a cambio de no amarrar ajustes por IPC.
Pero para las personas, dice, el asunto es de especial relevancia. “Se logra percibir en los trabajadores que lo que estás negociando hoy día, por ejemplo un aumento de $ 5.000 más en un bono, va a significar nada en seis meses más, porque el IPC se lo va a comer”, cuenta la asesora de organizaciones sindicales del rubro de manipulación de alimentos.
Desde la experiencia de Alfonso Canales, de GNP Canales Abogados, los reajustes salariales por inflación han sido objeto de una especial preocupación en los últimos procesos de negociación colectiva, tanto desde el punto de vista de establecerlos -a lo menos semestralmente-, como en acordar un “techo”, para así poder anticipar la aplicación del reajuste en caso de que la inflación sea significativamente alza.
En su caso, agrega, han recibido consultas de sus socios respecto de cómo el contrato colectivo que los vincula mitiga sus efectos.
Para Jorge Arredondo, socio y director del grupo laboral de AZ, el tema es problemático, tanto en las empresas que cuentan con sindicatos -y, por ende, con instrumentos colectivos-, como en las que no. En las primeras, dice, los trabajadores entienden estos reajustes como un “derecho moral”, aunque no sean parte del piso de negociación; y, en las segundas, era una práctica habitual, por lo que también se entiende como una cláusula tácita que se debe mantener.
Desde su perspectiva, la conversación esta materia podría “tensar aún más las relaciones laborales”.
Albornoz coindice en este punto. A su juicio, será cada vez más cotidiano ver este punto como uno de los ejes claves en las negociaciones. “Veremos cada vez más acuerdos con IPC acotados producto de lo difícil que es proyectar hoy los IPC futuros", dice.
Alternativas en la mesa
Ante este escenario, en las negociaciones han debutado alternativas. “Lo que han estado dispuestas a mover las empresas, es el ítem bono de término de negociación, porque ese bono es la disposición inmediata de un cierto flujo que tiene la empresa de caja y que no significa hipotecar remuneraciones o crecimientos de remuneraciones futuras”, dice Ariel Rossel, de Rossel y Fuentes Abogados.
Salinas agrega que las firmas están optando por establecer asignaciones o bonos en UF, “para así no quedar afectos a la pérdida de poder adquisitivo por la falta de cláusulas de reajuste”.
Y otras están uniendo posibles reajustes a cumplimientos de ventas, metas, margen, entre otros, “porque de lo contrario puede resultar inviable aplicar reajustes por IPC”, dice Arredondo.
Silva, por su lado, recalca que la estrategia de los trabajadores también ha debido modificarse, para ante la negativa de las empresas de establecer reajustes, se dé cierta protección a los trabajadores ante la alta inflación. “Hemos cambiado de foco. Ahora estamos negociando, por ejemplo, que en vez de bonos de invierno, se entreguen vales de gas. Así, traspasamos la variación de precios a lo que la empresa nos entrega como producto. Da lo mismo cuánto suba el gas, porque le van a dar el vale de gas al trabajador, independiente del precio que tenga, la empresa tiene que entregar el vale”, ejemplifica.
Con todo, Albornoz recalca que esta materia debe ser un asunto que debe abordarse bajo los siguientes criterios: “Realismo, porque es un antecedente objetivo para todos los involucrados el actual proceso inflacionario y la dificultad de predecir su duración y alcances. Transparencia en cuanto a los efectos que este elemento que surge como clave en las negociaciones y la realidad económica de la empresa. Y responsabilidad, especialmente en cuanto a evitar que este impacto económico sólo recaiga en los salarios de los trabajadores, pues será traumático cambiar el rumbo de la negociación sobre el IPC de lo que estamos acostumbrados”, acota.
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