Tres cadenas de compra y venta de madera en Chile adulteraban el origen de los predios desde donde se extraía la materia prima, pese a que contaban con una serie de certificaciones sustentables. Esta es la conclusión a la que llegó un nuevo capítulo de la serie de reportajes Deforestation Inc., realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en el que participa el medio chileno LaBot, que busca exponer las falencias del sistema de certificación forestal.
En esta primera parte -de dos- del capítulo del caso chileno, los investigadores del grupo periodístico revelaron que, el intento por perseguir el robo de madera en la provincia de Arauco en 2015, gatilló una investigación del Servicio de Impuestos Internos (SII) a tres cadenas de compra y venta de madera -Innovaciones Forestales, Forestal Belén y Forestal Los Andes- cuyo comprador final era la empresa de capitales japoneses Volterra.
Tanto las intermediarias como la compañía que exportaba el producto a Japón poseían el sello de cadena de custodia de la ONG Consejo de Administración Forestal (FSC, en inglés), una de las certificaciones más reconocidas y utilizadas a nivel internacional. Sin embargo, no hay certeza sobre el origen de la madera, pues la documentación fue adulterada para simular su trazabilidad y esconder al verdadero productor.
La empresa que certifica a Volterra, la francesa Bureau Veritas, nunca puso en duda la confiabilidad de su cadena de custodia. En cuanto a las tres intermediarias, la auditora responsable es la británica Soil Association, que emitió dos de los certificados cuando las investigaciones ya estaban en curso. En el caso de una de estas empresas, el certificado fue cancelado tras una condena, mientras que las otras dos forestales perdieron la certificación por no participar en su auditoría anual.
De acuerdo a actores citados por la investigación, las certificaciones de Volterra no cumplieron los estándares mínimos y se basaron en análisis de documentos.
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Delitos tributarios
Un punto clave para realizar esta investigación, fueron los casos de robo de madera en la región del Biobío. El reportaje señala que la investigación de estos ilícitos fue posible, en parte, gracias a que las empresas involucradas contaban con una certificación internacional que les imponía mayores exigencias que la ley chilena en cuanto a la trazabilidad de la madera, desde la tala hasta la venta final.
Para cumplir esos requisitos, los distintos actores indagados falsearon la documentación y simularon una trazabilidad que no era tal. "Por eso, estos casos sirven también para evaluar las debilidades de la certificación forestal. Aunque la madera fue exportada con un sello que aseguraba que procedía de bosques manejados responsablemente, lo cierto es que no se sabe cuál es su origen", afirma el reporte.
Según la investigación, habría tres redes distintas que llegaban al mismo consumidor final, la empresa Volterra, de capitales japoneses. El SII hizo su primera denuncia en 2015 y hasta 2021 se presentaron distintas querellas y ampliaciones de estas. Algunas ya tienen condenas, pero otras siguen abiertas. Incluso, el 21 de febrero pasado se amplió el plazo para investigar de una de las aristas principales.
Lo que permitió seguir el hilo que develaría el fraude fue, según una querella del SII, el que la empresa Innovaciones Forestales estaba certificada. “Innovaciones Forestales contaba con la certificación FSC por lo que debía tener un proveedor que le emitiera la documentación cumpliendo con la formalidad de consignar en las guías de despacho los roles de origen de la madera”, dice el libelo.
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