Por tres votos en contra, dos a favor y una abstención, la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos rechazó la partida presupuestaria 30, correspondiente al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) para 2027. Ahora, esta deberá ser discutida en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
La propuesta contempla $ 545.355 millones para la cartera, lo que refleja una caída de 6,4% -equivalente a $ 37.578 millones- respecto de la base comparable de 2026, mientras que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que concentra buena parte de los programas, considera $ 448.540 millones, un 5% menos.
El ajuste ya había generado preocupación en el mundo académico y científico por las reducciones propuestas a programas como el Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico (Fondequip), cuyo presupuesto se reduciría en casi un 80%. Se suman otras rebajas al Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef), al Fomento a la Transferencia y Licenciamiento, y a los programas Becas Chile y Becas Nacionales de Postgrado.
Durante su intervención en la subcomisión, la ministra de CTCI, Ximena Lincolao, explicó que el 70% de la partida corresponde a recursos de arrastre y el 30% a nuevas convocatorias.
Argumentó que, frente a la “estrechez fiscal”, su cartera reorganizó los recursos para mantener el financiamiento de proyectos y becas ya adjudicados, “focalizar” otros en la creación de capacidades nacionales, fortalecer las regiones -como la creación de nuevos centros de investigación regionales-, impulsar la investigación básica y ampliar la formación avanzada en universidades nacionales.
Los reparos de la academia y la ciencia
La discusión estuvo marcada por las advertencias de representantes del mundo académico y científico. El presidente de la Red G9 y rector de la Pontificia Universidad Católica (UC), Juan Carlos de la Llera, puso el foco en el capital humano y alertó que los recortes pueden traducirse en “investigadores jóvenes que emigran”, equipos que se desarman y laboratorios que pierden capacidad para atraer talento.
También advirtió que la reducción real del presupuesto llega al 10,2% respecto de la ley aprobada por el Congreso para 2026, lo que significa “un detrimento del orden de $ 60.300 millones”. Ante esto, instó a “preservar al menos el poder adquisitivo de la base comparable 2026” y reponer cerca de $ 37.600 millones.
Además, el rector de la UC solicitó reponer $ 10.801 millones a Fondequip, asegurar $ 12.145 millones para el Fondo de Financiamiento Estructural de Investigación, Desarrollo e Innovación para las Universidades (FIU) y elevar los recursos para el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) a $ 203 mil millones.
Por último, el rector De la Llera llamó a revertir las reducciones en becas e inserción de investigadores y distinguir en las glosas los recursos de arrastre de aquellos disponibles para nuevas convocatorias.
En tanto, la presidenta (s) del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) y rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, defendió el rol de las universidades públicas y advirtió que “lo que se recorta en un presupuesto tarda años en reconstituirse”.
Por ello, llamó al Ejecutivo reponer $ 36.924 millones en “cinco líneas críticas”: Fondequip, el programa Innovación en Educación Superior (INES), Investigación Asociativa, el FIU y la formación e inserción de investigadores.
En representación del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, Juan Yuz, advirtió que los recortes “ponen en peligro la continuidad de las investigaciones en curso” y de equipos de trabajo que podrían tomar años en reconstruirse.
Instó a rechazar la partida y mantener, al menos, los recursos de 2026, especialmente para los instrumentos que “permiten sostener la actividad de investigación y transferencia tecnológica en el sistema universitario”.
Por último, el presidente de la Academia Chilena de Ciencias, Sergio Lavandero, cuestionó el ajuste presupuestario de la cartera y proyectó que este podría afectar la inversión nacional en investigación y desarrollo (I+D), la que podría caer del 0,41% actual del Producto Interno Bruto (PIB) al 0,31%, alejándose de la meta del 1%.