La publicación de la normativa de envases y embalajes de la Ley REP el martes pasado - la segunda de los seis productos prioritarios que contempla, después de neumáticos - puso a gran parte del sector productivo del país en el camino para hacer los ajustes necesarios y cumplir las 12 metas de aumento gradual del reciclaje a partir de 2023 y hasta 2034.
Estos cambios tienen un inminente impacto en la economía, es por ello que previo a la publicación de la normativa, el Ministerio del Medio Ambiente se encargó de medirlo a través de su informe de actualización Análisis General del Impacto Económico y Social (AGIES) para envases y embalajes. En él, se detalla que los beneficios asociados a la normativa se estiman en US$ 2.788 millones (según el tipo de cambio promedio para mayo de 2019), mientras que el costo de implementar la normativa, sería de US$2.346 millones.
Esta última cifra considera costos de recolección, transporte, pretratamiento, valorización, administración, instalaciones adicionales, fiscalización y garantía del sistema de gestión; mientras que para contabilizar los beneficios se consideran la reducción de la eliminación, aumento en recolección y valorización, y menores emisiones y desamenidades.
"Los análisis económicos señalan que la aplicación del decreto de envases y embalajes tendrá beneficios netos estimados en US$ 442 millones. Además, la normativa entrega señales de largo plazo no solo a las empresas grandes o ya establecidas, sino que también a emprendedores verdes para que puedan explotar esta nueva oportunidad de negocios sustentables", explica la minsitra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
No obstante, una de las dudas que ha generado la normativa es si finalmente los costos serán asumidos por los consumidores. En ese sentido Jorge Canals, socio y líder del área Medio Ambiente y Regulación de Moraga y Cía y exsubsecretario de Medio Ambiente, señala que "lo que es muy probable que suceda es que el costo igualmente se transfiera a los usuarios a través del precio de los envases. Probablemente una pequeña alza en el precio va a financiar toda la operación de la vida completa del residuo".
Detalla que este fenómeno se genera debido al modelo que se empleó en el sistema de mercado actual. "En jurisdicciones con fuerte participación pública no debería ser tan así. En nuestro sistema se optó por que la responsabilidad completa estuviera en los productores, que ellos se pusieran la mano al bolsillo, entonces es muy posible que ese costo se traspase a los consumidores a largo plazo".
La normativa
En concreto, la normativa propone metas de 12 años para residuos domiciliarios y nueve años para residuos industriales. En el caso del primero, son cinco categorías con metas específcas que se cumplirían en 2034: 70% para papeles y cartones, vidrio con 65%, cartón para líquidos en 60%, metal con 55% y plásticos con un 45%. En promedio, se logrará reciclar un 60%.
En cuanto a los industriales, sólo son tres categorías, que corresponden a metal con 70%, un 85% en papeles y cartones y 55% en plásticos. Además, las empresas, a través de su sistema de gestión, deberán financiar tanto infraestructura de reciclaje, como un sistema de retiro domiciliario puerta a puerta, que empezará cubriendo un 10% de las viviendas del país hasta llegar a un 80% en 2034.
"Gracias a la ley REP estamos estableciendo metas que permitirán a los emprendedores proyectar inversiones en infraestructura y servicios para permitir la recolección y valorización de los productos prioritarios, como lo son los envases y embalajes, neumáticos, pilas o aparatos eléctricos y electrónicos", agrega la ministra Schmidt.
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