El mundo financiero, sus reguladores y los organismos que administran y diseñan la política económica y financiera, se han convertido en una fuerza creciente en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Según Climate Bonds Initiative, en 2020 fueron emitidos bonos verdes, sociales y sostenibles por US$700 mil millones, prácticamente el doble del año anterior (US$ 358 mil millones). Esta tendencia sorprende un poco más si consideramos que recién en 2007 se emitió el primer bono verde en el mundo.
En paralelo, la crisis del Covid-19 y la urgencia de una reactivación económica rápida pero positiva en el largo plazo, han dado un empujón para que las finanzas sostenibles se instalen definitivamente en el escritorio de tomadores de decisión públicos y privados.
La brecha aún es grande: los gobiernos gastan unos US$ 500 mil millones apoyando iniciativas que dañan la naturaleza (OCDE, 2020) versus US$ 120 mil millones que van en su ayuda, financiando áreas protegidas o proyectos de restauración, entre otras acciones (PNUD-Biofin) 2020).
En esto el país ha mostrado avances durante los últimos años. Como ONG ambiental hemos buscado incidir en este proceso: las finanzas sostenibles son uno de nuestros pilares a nivel global y un objetivo estratégico en Chile. Identificamos como un gran desafío redirigir los flujos financieros a proyectos sustentables que contribuyan a las metas mundiales del 30X30 (proteger el 30% de tierras y mares al 2030) y reducir las emisiones de GEI en 50% a dicho año.
En lo nacional, a mediados de 2020 promovimos las recomendaciones para una "Reactivación verde y azul post pandemia. Bases para un futuro solidario y sostenible en Chile". Entre otros puntos, destacamos el papel del Ministerio de Hacienda para impulsar orientaciones y políticas coherentes con este enfoque. Hoy celebramos el anuncio de una Oficina de Finanzas Verdes, lo que recoge en buena parte nuestra propuesta.
Según se ha informado, sus objetivos irán desde "canalizar inversiones hacia activos verdes", hasta "promover una innovación financiera nacional que respalde la trayectoria hacia el desarrollo sostenible del país, baja en emisiones de carbono, y con una fuerte capacidad de resiliencia al cambio climático". Asimismo, apoyará al ministerio ante organismos internacionales y asesorará a otros órganos del Estado.
Este avance se suma a otras señales, como la participación del Banco Central y de la Comisión para el Mercado Financiero en la Network for Greening the Financial System (NGFS), así como la búsqueda de un enfoque que permita medir e incorporar un indicador de las "cuentas ambientales" en las estadísticas del ente emisor, lo que consideramos crucial. Como lo advierte el informe de WWF "Los próximos guardianes de la naturaleza: por qué los bancos centrales deben tomar medidas sobre el riesgo de la biodiversidad", las prácticas actuales tienden a integrar solo los riesgos e impactos climáticos, pero deben también incluir los relacionados con la pérdida de naturaleza, para poder garantizar un sistema financiero sostenible.
Profundizar en este camino es crítico para avanzar hacia un desarrollo equitativo, resiliente y duradero para Chile.
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