El miércoles pasado, el gobierno puso en discusión inmediata el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el cual se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional.
El SBAP busca crear una organización pública dedicada a la conservación de la biodiversidad, descentralizada, y a su vez integrar las áreas protegidas del país que hoy están dispersas en diferentes ministerios.
El proyecto fue presentado hace más de una década, en 2011. Sin embargo, ingresó al Senado en 2014 -para su primer trámite constitucional- y en 2019 entró a la Cámara de Diputados. En mayo pasado fue despachado desde la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara Baja y desde junio se encuentra detenido en la Comisión de Agricultura.
La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Marcela Sandoval (Revolución Democrática), explica que desde la comisión también manifestaron su preocupación por la detención de la tramitación en Agricultura. “Lo que hicimos fue oficiar vía la misma Cámara y pedir aceleración del trámite, porque justo nosotros estamos tramitando la Ley Marco de Cambio Climático y el SBAP es una materia fundamental”, explica.
Sebastián Torrealba (Renovación Nacional) es uno de los diputados -y miembro de la Comisión de Medio Ambiente- que durante las últimas semanas solicitó al gobierno poner en discusión inmediata la iniciativa, acusando un “bloqueo histórico” en su tramitación por parte del sindicato de funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) por “intereses económicos”.
“Ya lleva más de 6 meses en la Comisión de Agricultura, sin ningún interés por parte de los diputados de la comisión para tramitarlo. La verdad, eso es inaceptable cuando estamos en una emergencia climática que requiere de instituciones modernas para proteger la biodiversidad”, señala.
Las trabas del proyecto
Desde la Comisión de Agricultura, el diputado Jorge Sabag (Democracia Cristiana) explica que llevan cerca de 10 sesiones discutiendo el proyecto e invitando a académicos, ambientalistas y al sindicato de Conaf, quienes se oponen al proyecto por la pérdida laboral que habría con el traspaso de funcionarios desde la Corporación hacia el SBAP.
“Pierde poder y pierde relevancia la Conaf, porque se crea una nueva identidad; también por las condiciones laborales: ellos consideran que no hay seguridad de que mejoren o que sean igual a las que tienen”, sostiene.
En tanto, Sandoval apunta a que si bien no sabe “a ciencia cierta” si el conflicto viene por esta línea, sostiene que, de cualquier manera, no afectaría la institucionalidad misma del nuevo servicio. “El SBAP sería un nuevo servicio público y Conaf es una corporación de derecho privado que presta servicio público y el tema tiene que ver con qué parte de la dotación del SBAP va a venir vía esta corporación”, sostiene.
El presidente de la Comisión, Jorge Pérez (Partido Radical), señala que el desacuerdo se da porque “no es llegar y cambiar un trabajo que se conoce a través de años por el personal. Buscar otra salida nos va a significar un costo mucho más alto y el contrato de 600 o 700 personas”.
Despacho incierto
La discusión inmediata de este proyecto significa que la Comisión debe despachar el proyecto a la Sala en seis días, por lo que Torrealba estima que la iniciativa podría aprobarse antes del cambio de gobierno y de Congreso del próximo 11 de marzo; o que “en su peor escenario” vaya a Comisión Mixta, lo que permitiría que en los primeros 30 días del próximo gobierno se dé su despacho total.
“Aquí da lo mismo quien despacha el proyecto, lo que importa es que esta institucionalidad salga lo antes posible porque es evidente que necesitamos una nueva. Es cosa de ver la situación de los incendios que estamos teniendo hoy en día en el sur del país, porque, efectivamente, hay reservas naturales y parques nacionales que no tienen la medida de protección, fiscalización y recursos para poder ser protegidos como debe ser”, señala.
Por su lado, Sabag apunta a que el proyecto debería ser despachado pronto de Agricultura, para su paso en Sala.
“Según mi criterio, si son 6 días, debería ponerse en discusión. A menos que se cite a una sesión extraordinaria de aquí al viernes y que se pueda ver esto aparte. Si se solucionan esas trabas, yo creo que el proyecto puede avanzar”, dice.
Sin embargo, para Pérez, la comisión primero debe terminar de discutir los proyectos que ya tiene en tabla, como el que regula la actividad apícola, que está programado para su discusión hoy día.
“El Ejecutivo no puede ponerle discusión inmediata a todos los proyectos y eso lo saben ellos. Va a estar la ministra (de Agricultura) acá y le vamos a hacer ver que hay que quitarle la urgencia nomás. Hay que darle un poco más de tiempo; despachamos el apícola y terminando eso pasamos al SBAP”, sostiene.
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