A solo ocho meses de que las metas de recolección y valorización de envases y embalajes -segundo producto prioritario- de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) entren en vigencia, el panorama es poco esperanzador. Por una parte, las compañías informadas y adheridas a un sistema de gestión de residuos aún son pocas y falta una mayor interacción entre los actores involucrados.
Así lo señala Isidro Pereda, gerente general de ReSimple, uno de los sistemas de gestión colectivo de envases y embalajes domiciliarios y no domiciliarios, entidad que en el marco de la Ley REP, se encargará de que importadoras y productores cumplan las metas de reciclaje de este producto prioritario.
“Los municipios que saben bien de qué se trata la ley no deben ser más de 30 a nivel país. Cada vez que te juntas con uno, hay que partir contándole todo desde cero”.
En septiembre de 2023, estas compañías deben cumplir con la meta de recolección y revalorización, que para el primer año oscila entre 5% y 48% -dependiendo del material y si son domiciliarios o no domiciliarios- del total de residuos de envases y embalajes que generan, las primeras en un horizonte de 10 años. Pero hasta hoy “solo un 10% de las empresas está en un sistema de gestión” de residuos, dice el ejecutivo.
Relación con municipios
Pereda explica que las municipalidades “son clave” al momento de convenir con los sistemas de gestión para que puedan operar en su territorio. “Y esos convenios son súper importantes para la aprobación del Plan de Gestión por parte del Ministerio del Medio Ambiente”, documento que debe recibir el visto bueno para que un sistema de gestión opere, y, entre otros puntos, debe explicitar las alianzas con municipios.
Sin embargo, señala que el proceso ha sido lento, “porque es un tema totalmente nuevo para los municipios, donde la gestión de residuos reciclables dejará de estar organizada y financiada por ellos”.
Dice que desde el primer acercamiento con las municipalidades a la firma efectiva del convenio, “pueden pasar cinco meses. Con esta lentitud, es muy difícil llegar a los plazos que tenemos”. Por esta razón, solo 35 municipios a nivel nacional van a estar operando con ReSimple este año, cifra que escalará a 70 en 2024.
Estas dificultades se explicarían por dos razones. “Muchas municipalidades todavía no comprenden lo que es la Ley REP”, donde incluso, “los que saben bien de qué se trata no deben ser más de 30 a nivel país. Cada vez que te juntas con una, hay que partir contándole todo desde cero”, comenta Pereda.
Una segunda barrerra, es que “falta que tenga un nivel de importancia para los alcaldes, porque uno compite con otros problemas que tienen, y la Ley REP no es de sus prioridades hoy”, afirma.
Empresas e información
Pereda comenta que el proceso de adhesión de las empresas a un sistema de gestión también ha estado marcado por la lentitud y la falta de información.
Del universo total de compañías en Chile, “que son cerca de 15 mil, solo un 10% hoy está en algún sistema de gestión. Las grandes y algunas medianas ya han tomado cartas en el asunto, pero hay muchas medianas y pequeñas que aún no tienen idea de que la ley también los afecta”, sostiene Pereda.
Situación que atribuye, a que, durante 2022, la mayoría de las compañías pensaba que la entrada en vigencia de la Ley REP se atrasaría, o que no se implementaría la normativa.
“El plazo de septiembre sí se va a cumplir, y muchas empresas van a ser multadas por no estar dentro de un sistema de gestión, ya sea colectivo o individual. Lo más probable, es que un poco antes de la fecha límite se sumen una avalancha de ellas”, dice Pereda.
A la fecha, ReSimple cuenta con más de mil compañías adheridas.
Fiscalización de las metas
Otro de los aspectos que considera el cumplimiento de las metas es la fiscalización, que estará en manos de la Superintendencia de Medio Ambiente.
Pereda explica que este proceso se realizará a través de la presentación de documentos tributarios, por ejemplo una factura de venta a una empresa recicladora de plástico o cartón. En base a esta información, se realizará la trazabilidad que avale el cumplimiento de las metas, “con un mecanismo muy transparente. Por esto, no creo que haya problemas en la fiscalización, si no que más bien estos irán por el lado operativo, de cómo alcanzar las metas”, dice.
Pereda afirma que, considerando todas las dificultades que han surgido previo a la entrada en vigencia de la ley, desde ReSimple “sabíamos que era un proceso largo y complejo, y por eso, a las tres semanas desde que salió el decreto de envases y embalajes en marzo de 2021, ya teníamos presentada toda la documentación al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que era la etapa más engorrosa”.
ReSimple continúa teniendo como horizonte de trabajo a septiembre de 2023, lo que “sabemos que es una carrera contra el tiempo. Durante este primer trimestre, nuestro foco va a estar en la aprobación del Plan de Gestión y la firma de los convenios con municipios”, comenta Pereda.
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