Desde hace algunos años circula un chat entre académicos, autoridades y expertos relacionados a la Acción Climática en el que comparten opiniones sobre los caminos que debería seguir Chile en materia ambiental. Participan de él la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas; la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán; el ex ministro Marcelo Mena; el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Seebach, además de personas ligadas a ONGs y startups relacionadas al medio ambiente y la sostenibilidad.
Fue en ese espacio donde el lunes la conversación explotó luego de que Seebach compartiera la columna que el presidente de Pivotes, Bernardo Larraín, publicó en El Mercurio, titulada Cero. En ella el expresidente de la Sofofa, da cuenta de la delicada situación económica que atraviesa el país y de las trabas a la inversión y la poca certeza jurídica que deben enfrentar inversionistas de diversos sectores a la hora de levantar proyectos en Chile.
“El Gobierno y el Senado siguen avanzando en la discusión de un proyecto de ley de permisos ambientales que, como muchos hemos advertido, rasca donde no pica”, señaló Larraín, quien además alertó sobre los extensos plazos de tramitación que deben enfrentar las inversiones y la incertidumbre que despierta en un contexto donde existen activistas que se ufanan de poder “agregar unos 2 mil días a cualquier proyecto de evaluación ambiental”.
Aunque no lo nombró, el líder de Pivotes se refería a Matías Asun, director de Campañas de Greenpeace Andino, quien dio esas declaraciones hace algunos meses en la Comisión de Medio Ambiente del Senado a la que fue a exponer.
El mensaje no dejó indiferente a Asun, quien participa del chat y que, a través de X, publicó un mensaje en el que se refiere a Pivotes, como “la fundación con nombre de ferretería que nos 'acusa' de querer detener proyectos contaminantes e ilegales con el comodín del crecimiento”.
Los comentarios de ese tenor siguieron al interior del chat. En todo caso, el debate también se centró en el contenido de la columna de Larraín. Leo Prieto, fundador de la plataforma Lemu, argumentó que los proyectos de gran escala y de largo plazo debían tener plazos extensos de tramitación. “Tenemos una obsesión con la velocidad que no nos hace avanzar más rápido. Hay que tener certeza regulatoria y una institucionalidad funcional, pero creo que los plazos deben ser acordes a la escala de los proyectos”, comentó.
Una aseveración que Gonzalo Ramírez, director de Descarbonización de Procesos de Codelco, retrucó con la pregunta: “¿Y si son proyectos de gran escala que ayudan a gestionar el cambio climático?”.
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