A principios de abril, Alimentos Taylor -empresa que reúne a franquiciados que explotan los restaurantes Schopdog- interpuso una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra Franquicias RAP SA, firma operadora de dicha cadena, alegando abuso de posición dominante y prácticas anticompetitivas.
Franquicias RAP es acusada de ejecutar actos de discriminación arbitraria de precios, explotación abusiva de una posición de dependencia y precios excesivos, lo que -presuntamente- ha afectado a sus franquiciados. Estas acciones, según la demanda, han generado un ambiente comercial restrictivo y anticompetitivo en el sector de restaurantes y servicios de alimentación rápida.
La demanda revela una presunta dinámica de control por parte de RAP SA, que no sólo determina los proveedores exclusivos para sus franquiciados, sino también establece precios y condiciones que éstos deben aceptar sin opción a negociar términos más favorables.
Esta práctica, reza el documento legal, ha llevado a los franquiciados a enfrentarse a costos elevados de insumos, lo que reduce sus márgenes de beneficio y compromete su capacidad para operar de manera rentable y competitiva.
“En dicho esquema, RAP SA ha designado, unilateralmente, los proveedores a los cuales obligatoriamente deben comprar sus franquiciados. Respecto de todos ellos, RAP SA negocia los precios a cobrar a sus franquiciados, y en algunos casos, según expusimos previamente, los determina directamente”, se lee del libelo, auspiciado por el abogado José Ignacio Cárdenas Gebauer, socio de CyG Group.
Schopdog es una cadena chilena que nació en 1987 gracias a dos amigos que crearon un local de comida en la calle Santo Domingo, en el centro de Santiago. En un comienzo, tuvieron completos, sándwiches y cerveza de barril. Con los años los locales se llenaron de decoración vintage, cuadros y memorabilia. Uno de sus fundadores, Aldo Antillo, es representante de Franquicias RAP.
Según la acción judicial, los franquiciados están obligados a comprar a proveedores designados por RAP SA y a pagar precios que, según el libelo, están inflados artificialmente para beneficiar a la matriz a costa de los franquiciados. Además, se denuncia que RAP SA recibe pagos ocultos de estos proveedores, conocidos como rebates o rappels, que no se trasladan ni benefician a los franquiciados, profundizando las prácticas abusivas.
La demanda estipula que “los precios cobrados por los proveedores son determinados por estos últimos, en conjunto con RAP SA, sin ninguna injerencia, ni tampoco transparencia ni información para los franquiciados… Este esquema ha permitido a RAP SA pactar ciertos pagos en su exclusivo beneficio por parte de estos proveedores, que no fueron incluidos ni considerados en los respectivos contratos de franquicias, y que nunca fueron transparentados a los franquiciados”.
Y agrega: “Si no existieran los pagos o ‘aportes’ ocultos que los proveedores acordaron con RAP SA, éstos cobrarían precios sustancialmente más baratos a los franquiciados por la venta de sus insumos. Así de simple”.
Esta situación, explica el documento, ha llevado a Alimentos Taylor a pedir medidas correctivas, preventivas y prohibitivas, buscando no sólo sanciones para las conductas de RAP SA, sino también cambios estructurales que permitan un ambiente de negocios más equitativo y competitivo. La demanda subraya la necesidad de una revisión en las prácticas de franquicia y de la regulación sobre las relaciones entre franquiciantes y franquiciados, particularmente en lo que respecta a la transparencia, la equidad de precios y la libre competencia.
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