A seis meses de que el Consorcio de Salud Santiago Oriente S.A tenga que abrir las puertas del Hospital del Salvador, la concesionaria enfrenta un nuevo obstáculo. De acuerdo a fuentes de la industria, por segunda vez el Gobierno -a través del Ministerio de OOPP y la cartera de Salud- ha incumplido el pago del subsidio fijo de construcción a la Sociedad Concesionaria a cargo del Hospital del Salvador.
El monto del incumplimiento más reciente asciende a poco más de US$ 40 millones; lo cual ha afectado directamente la cadena de pagos a las instituciones financieras y aseguradoras que respaldan el proyecto, “generando una presión económica inesperada e injustificada sobre una obra estratégica para la salud pública”, dicen las fuentes.
Según testigos del sector, las aseguradoras y bancos que conforman el sindicato de financistas han manifestado su preocupación sobre continuar financiando este tipo de proyectos ante la incertidumbre y falta de solidez del Gobierno para rendir sus obligaciones en sus proyectos.
“Hoy, en momentos críticos, el Estado chileno obstaculiza lograr que en el corto plazo se concluya y opere el Hospital habiendo incumplido los pagos comprometidos. El sistema de concesiones en Chile, reconocido internacionalmente por su solidez y transparencia, enfrenta riesgos derivados de este tipo de incumplimientos que no sólo generan incertidumbre a la sociedad concesionaria afectada, sino que sobre todo pone en peligro la reputación del país como un destino confiable para la inversión en infraestructura”, comentó una fuente.
Consultado al respecto, el Ministerio de Salud detalló que el pago del subsidio fijo de construcción está proyectado para la primera quincena de enero y que se acordó con el concesionario modificar el contrato para adelantar el pago de cuatro cuotas, que correspondían ser pagadas posteriormente a la recepción de los establecimientos.
La entrega de este hospital acumula un retraso de más de cinco años debido a problemas de permisología, trámites administrativos, obstáculos relacionados con el Consejo de Monumentos Nacionales y la pandemia. El proyecto ya lleva una década desde que fue adjudicado en el primer gobierno de Sebastián Piñera.
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