Todo partió en agosto de 2019, cuando al interior de Movistar se detectaron irregularidades en su sucursal del mall Parque Arauco, al existir una diferencia entre los montos de venta de teléfonos celulares declarados por los vendedores, y aquellos que figuraban efectivamente en la caja del local.
La firma inició una investigación, la que –según una reciente querella presentada– determinó: “Trabajadores de la sucursal -contrariando todos los protocolos internos- manipularon el sistema de venta y pago, ingresando al software datos falsos y registrando ventas ficticias”.
En la acción judicial se detalla el modus operandi: los trabajadores encargados de la atención presencial de clientes utilizaban “testaferros” o el nombre de terceros para celebrar contratos o efectuar supuestas compras de celulares.
Así, continúa la querella, los responsables ingresaban al sistema el número de serie de algú́n equipo determinado y que daba cuenta de la realización de una operación comercial, engañando a la firma y posibilitando que dichos equipos fueran liberados desde la bodega para el retiro. Pero las operaciones que eran informadas en los sistemas computacionales nunca tuvieron lugar, falsificá́ndose informació́n que permití́a obtener la autorización para retirar los productos.
“Los responsables ingresaban en el dispositivo POS un valor significativamente inferior al precio real del producto, en muchas oportunidades incluso montos de $ 1.990, respaldando lo anterior con el nú́mero de un voucher cualquiera y que no tenía relación alguna con la venta”, dice la querella.
La compañía detalla uno de los casos descubiertos, en que se realizaron tres transacciones por $ 1.990 en que se entregaron dos IPhone 11 Pro de 256GB y un audífono inalámbrico.
“Ha sido posible identificar elaboradas conductas defraudatorias por parte de diversos ejecutivos de la empresa contratista Atento Chile, las que han derivado en la liberación indebida de una serie de equipos de alta gama con el consecuente perjuicio para mi representada, el que a la fecha supera los $ 30 millones”, dice la querella, en la cual Movistar explica que, dada la magnitud y alcance de los servicios que presta, encarga la atención de público, venta y entrega de dispositivos a terceras empresas.
“Interpusimos las denuncias contra quienes resulten responsables. Además, seguiremos robusteciendo los protocolos de seguridad y procesos de control”, dijo la empresa ante la consulta de este medio.
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