En la Corte de Apelaciones de Santiago y con altas probabilidades de terminar en la Suprema está ahora una millonaria pelea entre el Club de Yates de Antofagasta, la Contraloría y el Ministerio de Defensa por el pedazo de playa que la entidad deportiva ocupa hace más de 20 años.
Esta semana los abogados de la entidad -del estudio Pinochet y Concha- recurrieron en contra del fallo de la Corte de Apelaciones que no admitió a tramitación su recurso de protección en contra de las resoluciones de la Contraloría y el Ministerio de Defensa que la dejaron sin su pedazo de la concesión y además le exigieron que pagara el equivalente a $ 34,5 millones por el uso del terreno, bastante menos que lo que les cobraban inicialmente: $ 146,7 millones además de 10 años retroactivos. En total, el Club podría haber terminado pagando $ 1.047 millones.
Todo partió en 2011, cuando la entidad quiso renovar la concesión gratuita que le entregaron en 2001. Después de varios trámites, negativas y modificaciones, finalmente le renovaron el permiso en 2017, pero con un serie de condiciones y la obligación de pagar una renta anual de 2.708,15 UTM ($ 146,7 millones), y además cancelar retroactivamente hasta 2011, $ 901 millones adicionales.
Según los argumentos del Club de Yates de Antofagasta, se les cobró ese monto luego de que la Contraloría definiera que la entidad no cumplía con los requisitos de “satisfacer necesidades de la comunidad toda”, porque es un club privado, que tiene socios y restricciones para obtener esa calidad; es decir no todos pueden serlo.
La entidad deportiva sostiene que ellos sí apoyan a la comunidad y entregan cifras de cursos y actividades comunitarias que demostrarían su vocación pública.
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