Imágenes satelitales, seguimiento de facturas y comprobación de proveedores, entre otras tareas, ha realizado la oficina regional de Concepción del Servicio de Impuestos Internos (SII) para investigar el robo de madera en la zona.
Lo anterior “ha permitido identificar predios forestales -individualizados con sus roles- indicados en los documentos tributarios (guías de despacho y facturas) como origen de la madera que nunca habían sido explotados o que se explotaron en volúmenes muy inferiores a los documentados; otros explotados, pero en una fecha distinta, y casos de guías de despacho y facturas que indicaban como origen de la madera inmuebles que no correspondían a predios agrícolas”, sostuvo en un comunicado el Servicio liderado por Hernán Frigolett.
Esa fue la defensa que impulsó esta semana el SII luego de las críticas que recibió la oficina regional de Concepción por parte del gobernador de Biobío, Rodrigo Díaz, de haber dejado de seguir “la ruta del dinero” en 2018.
De hecho desde el 1 de febrero del año pasado, en uno de los últimos movimientos internos que hizo el director anterior del SII, Fernando Barraza, la dirección Regional de Concepción fue asumida por Cristián Gómez Castillo, que era director regional de Puerto Montt.
Mientras que hacia Puerto Montt fue trasladado Jorge Lara Arriagada, quien se desempeñaba como director regional de Concepción.
El viernes pasado, la fiscal especial a cargo de investigar el robo de madera, Marcela Cartagena, nombrada por el fiscal nacional Jorge Abott el pasado 18 de mayo, se reunió con el director del SII en Concepción, Cristián Gómez, para solicitar diligencias particulares sobre el delito y la información que pudiera proporcionar la oficina a la indagatoria.
Desde la semana pasada, el SII ha entregado varios antecedentes a la Fiscalía para seguir con la investigación y se coordinaron más solicitudes cruzadas.
Desde la dirección nacional en Santiago también han apoyado dicha labor y recordaron que han presentado 16 querellas por delitos tributarios por eventual robo de madera, por un perjuicio fiscal superior a los $ 5.600 millones. De hecho, la última acción penal se presentó el 30 de marzo en el Juzgado de Garantía de Cañete.
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