El 21 de noviembre del año pasado la gigante Bupa, la controladora británica de la Isapre Cruz Blanca y de varias clínicas en Chile, arremetió en contra del Estado chileno con una demanda estampada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Y luego de que la causa fuera aceptada y registrada en esta entidad vinculada al Banco Mundial, tanto Bupa como el estado chileno, en calidad de demandante y demandado, respectivamente, oficializaron la nominación de sus árbitros en la causa, quienes aceptaron tales nombramientos.
Por el Estado chileno, se trata del argentino suizo Jorge E. Viñuelas. Y por Bupa, la uruguaya Sandra González.
Con doble nacionalidad suiza y argentina, el currículum de Viñuelas muestra que su formación y especialización la obtuvo en varios países del mundo. Abogado de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), muestra un doctorado en Francia, del Instituto de Estudios Políticos de París Sciences Po; un LLM en Estados Unidos, en la Facultad de Derecho de Harvard; una licencia y diplomado en Relaciones Internacionales en Suiza, y otro en Ciencias Políticas de la Universidad de Génova.
En su quehacer profesional aparece la Cátedra Harold Samuel de Derecho y Política Ambiental en la Universidad de Cambridge y haber sido director fundador del Centro de Cambridge para la Gobernanza del Medio Ambiente, la Energía y los Recursos Naturales (C-EENRG), entre muchos cargos.
A su turno, Sandra González es abogada y socia del estudio Ferrere, de Uruguay, quien tras estudiar derecho de la Universidad de la República de Uruguay y obtener un LLM en Harvard, ha desplegado una extensa carrera vinculada a los arbitrajes y litigios domésticos e internacionales.
El currículum oficial de González en el citado bufete muestra que esta profesional ha sido vicepresidenta de la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional, y fundadora y miembro del Comité Ejecutivo de Women Way in Arbitration Latam (WWA). Como árbitra en Ciadi, González ha participado, por ejemplo, en un caso en contra del Estado peruano, por el desarrollo del Metro de Lima - Línea 2, designada por los inversionistas.
Ahora, en esta causa que enfrenta a Bupa con el estado chileno, corresponde que ambas partes se pongan de acuerdo en el tercer juez independiente que verá el caso.
La demanda de Bupa en contra del Estado de Chile se funda en varias acciones que, a juicio de este inversionista llevó a cabo el país -los poderes legislativo, ejecutivo y judicial- que minaron su actividad en el rubro asegurador, la Isapre Cruz Blanca. Entre ellas, por ejemplo, la derogación de facto de la tabla de factores -a partir de fallos judiciales que datan de 2018-; el dejar sin efecto el aumento de los precios base de los planes de salud durante el período 2020-2021, durante el covid; y el fallo de 2022, de la Tercera Sala de la Corte Suprema, a partir de distintos recursos de protección, que tuvo efectos respecto del universo de cotizantes del sistema de salud privado, y que se tradujo en las devoluciones de cobros en exceso de los años previos, para todos los afiliados, que para implementarse derivó en la Ley Corta que está en plena aplicación. Y también un fallo que dejó sin efecto el aumento de la prima Ges informada en 2022.
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