Por 82 votos a favor, 13 en contra y 12 abstenciones, la Cámara de Diputados, en sesión del 11 de abril, aprobó el Tratado internacional del Acuerdo sobre Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros en Alta Mar en el Océano Pacífico Sur, que crea la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, más conocida como ORP-PS.
Este tratado, que fue acordado en Auckland en el año 2009, tras ocho rondas internacionales de negociación, establece las reglas para la regulación de las pesquerías transzonales en altamar, así como el marco para que los Estados costeros y los Estados de aguas distantes acuerden medidas de administración y conservación.
El Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, se mostró muy satisfecho con la decisión, ya que esto nos acerca una paso más en la ratificación del convenio, lo que permitirá establecer mecanismos internacionales de control sobre el jurel.
"El jurel es una de nuestras principales pesquerías, que actualmente se encuentra en un estado crítico, por lo que todas las medidas que se puedan adoptar para evitar la pesca indiscriminada de este recurso transzonal nos ayudarán a velar por su sustentabilidad" dijo el subsecretario.
A la fecha, de los 32 estados que han participado en las sesiones de la ORP sólo siete la han ratificado: Belice, Islas Cook, Cuba, Unión Europea, Islas Faroe, Nueva Zelanda y Australia. La entrada en vigor de la Convención ocurre, en una primera etapa, cuando se depositen ocho instrumentos de ratificación, de los cuales tres deben ser de Estados pesqueros de aguas distantes y tres de Estados costeros con representación de ambas orillas. La condición de los Estados de aguas distantes está cumplida con las ratificaciones de Belice, Cuba, Islas Faroe y la Unión Europea. La costa oeste del Pacífico está representada por Islas Cook, Nueva Zelanda y Australia, requiriendo de la ratificación de un Estado de la costa este para cumplir la norma de entrada en vigor.
Si Chile u otro estado del Pacífico Sur-oriental ratifica la Convención, esta entra en vigencia. Tras esta aprobación, el Tratado internacional fue enviado al Senado, a cumplir su segundo trámite constitucional.
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