A sólo días de que se cumpla un mes de que fuera aprobada la Comisión Investigadora del acuerdo entre Corfo y SQM, en la sesión de esta mañana, finalmente la Cámara de Diputados dio luz verde al inicio del trabajo de la instancia al quedar completa la nómina de sus integrantes.
Aunque la iniciativa fue impulsada por los representantes de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), este partido sólo contará con la presencia del diputado Esteban Velásquez y los restantes integrantes serán los UDI Sandra Amar, Gustavo Sanhueza y Gastón von Mülenbrock; los RN Eduardo Durán (RN), Francisco Eguiguren y Camila Flores (RN); la radical Marcela Hernando, el PC Daniel Núñez; los PS Marcelo Díaz y Juan Santana, el DC Gabriel Silber y el RD Pablo Vidal (RD).
En la oposición atribuyen a la UDI la tardanza en la conformación, por lo que la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) , principal impulsora de la instancia, valoró la nómina definitiva y sobre todo "que la UDI haya dado los nombres de quienes los representarán, que era lo que estaba retrasando esta conformación".
Y recalcó que "finalmente, ya estamos listos con la mayoría de las personas que integrarán esta instancia y esperamos echar a andar lo antes posible esta comisión Investigadora, que es fundamental para saber qué es lo que está pasando con este contrato entre CORFO y SQM, que volvemos a insistir, es un contrato espurio, que no corresponde y que, además, falta a lo que nos dijo aquí el ex vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran", aludiendo a que la exautoridad señaló en la Cámara que el acuerdo era el mejor al que se habría podido llegar.
Asimismo, adelantó que "a través de nuestro representante en la comisión, el diputado Esteban Velásquez, esperamos con esto poder revisar todo el proceso y también encontrar cuáles podrían ser las causales de terminar con este contrato".
El 6 de junio pasado se aprobó la creación de la comisión, que fue solicitada con 68 firmas de respaldo y se aprobó con 94 votos a favor. La instancia establece que recabará antecedentes sobre los actos de los gobiernos en relación con el origen, la adopción y la ejecución del citado acuerdo, particularmente en lo referente al rol de Julio Ponce Lerou en la empresa SQM, a la concentración del mercado mundial del litio, al daño ambiental del Salar y al royalty minero.
Para lo que tendrá un plazo no superior a 90 días desde que empiece a sesionar.
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