El ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó de un “error” que no se soliciten boletas de garantía para los traspasos de recursos a fundaciones, aunque aclaró que esa es una medida no obligatoria. Lo anterior lo señaló luego que se conociera que no existen boletas de garantía para ninguna de las transferencias realizadas por el Estado a las fundaciones.
Cordero explicó que “el modelo de transferencias que tienen convenios como los de Democracia Viva, es el programa de asentamientos precarios, que es un sistema que descansa en transferencias corrientes que no obligan a establecer cauciones. La Contraloría lo que ha señalado es que los servicios podrían requerir cauciones como una forma de buena administración”.
Agregó que “hasta ahora no se les ha exigido boleta de garantía” y que en el término del contrato con Democracia Viva el ministro de Vivienda, Carlos Montes, advirtió que en estos contratos pese a existir transferencias de capital no existían boletas de garantía y a principio de mes solicitó al CDE que solicitara la retención de los dineros entregados.
Cordero señaló que “el gobierno considera que estos convenios se les debe exigir boletas de garantía como una manera de que los planes de trabajo que se ejecutan al amparo de estos convenios se hagan correctamente para evitar situaciones como las que conocemos. En todos aquellos convenios de transferencias de capital asociadas a fundaciones en ninguno de ellos ahora como en el pasado se exigió boletas de garantía, eso, aunque no sea una exigencia normativa el gobierno considera que es un error”.
CDE logra retención de dineros
En tanto el Consejo de Defensa del Estado solicitó y logró que el Primer Juzgado Civil de Antofagasta decretara la medida prejudicial precautoria de retención de los dineros depositados en la cuenta bancaria de la fundación Democracia Viva.
La medida cautelar presentada por el CDE solicita que la retención de bienes se haga efectiva sin previa audiencia o notificación de dicha fundación, y se basa en la situación patrimonial de la fundación Democracia Viva, que permiten sostener la existencia de un riesgo evidente de que ésta no cumpla con la obligación de restituir la cuantiosa suma debida al Fisco de Chile.
La medida prejudicial precautoria fue concedida por el tribunal y tiene su origen en el incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por la mencionada fundación en virtud de tres convenios celebrados con la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y el SERVIU de la Región de Antofagasta, mediante los cuales le fueron transferidos $426 millones para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en campamentos. De esta forma, y como consecuencia del término anticipado de estos convenios, la fundación se encuentra en la obligación de restituir los montos no rendidos.
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