La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta revisó este miércoles las apelaciones del exdirector de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, y del exseremi de Vivienda de la región, Carlos Contreras, ambos formalizados por fraude al Fisco, en el marco del caso convenios.
Los exmilitantes de Revolución Democrática (RD) se encontraban cumpliendo prisión preventiva desde mediados de diciembre y esta era la tercera apelación de la defensa para conseguir revocar la medida cautelar de cárcel, lo que consiguió finalmente, pues la Corte de Apelaciones de Antofagasta la cambió por arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Reacciones a la medida
Tras conocer la noticia, inmediatamente comenzaron las reacciones del mundo político. El primero en expresar su opinión fue el expresidente de la Comisión Especial Investigadora del caso convenios en la Cámara, el diputado de Renovación Nacional (RN) José Miguel Castro. A su juicio, si la justicia determinó cambiar la medida cautelar por reclusión domiciliaria, “lo más probable es que estén colaborando con la investigación”, especuló.
Lo importante para el legislador opositor es que se pueda llegar al fondo de los hechos y determinar la implicancia de otras personas en el caso.
Una mirada similar planteó el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma, quien formó parte de la comisión investigadora, señalando que “llegó el momento de que caigan los verdaderos peses gordos, los que idearon el denominado caso convenios, del Frente Amplio”.
A eso añadió que es necesario que la Fiscalía recupere los recursos defraudados, pues “hay muchos millones que estas personas se robaron y deben devolverle a nuestro país”.
También reaccionó el diputado oficialista Raúl Soto (PPD), quien también integró la comisión investigadora. En una postura más dura que la de Castro, fue categórico en que la revocación de la prisión preventiva para estas personas vinculadas a casos de corrupción “es una mala señal”, porque –desde su punto de vista– “no hay que dejar ningún espacio a la impunidad, debe caerles el máximo rigor de la ley a aquellos que se hicieron ilegítimamente de recursos que iban a los sectores más vulnerables de nuestro país”.
A juicio de Soto, en eso no se puede tener doble estándar y que si bien el Poder Judicial es autónomo e independiente “no compartimos su decisión”.
La visión desde RD
Quien también se refirió al tema fue el presidente de RD Diego Vela. El máximo dirigente del partido señaló que desde la colectividad “hemos dicho en todo momento que no toleraremos ni impunidad ni corrupción”, por lo que han colaborado de manera proactiva con la justicia y el Ministerio Público, en este proceso con el fin de que “se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades”.
En este sentido, manifestó interés de que “con las nuevas medidas cautelares la justicia pueda seguir avanzando con celeridad, justamente para determinar quiénes son responsables y para que se puedan ejercer las penas, pero por sobre todo para reconstruir las confianzas con la ciudadanía y la fe pública”.
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