El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda de indemnización de perjuicios en contra del empresario Raúl Schüler Gatica, por un monto superior a $ 485 millones, por el daño que habría ocasionado a una serie de piezas que poseen categoría de monumentos nacionales, y que fueron encontradas en su casa ubicada en San Francisco de Mostazal, Región de O´Higgins.
Esta acción civil se suma a las querellas criminales presentadas por el CDE en contra del empresario a fines de 2018 y principios de 2019 y que buscan establecer su responsabilidad en delitos de receptación, afectación y daños a objetos declarados monumentos nacionales.
El presidente del CDE, Juan Peribonio, indicó que "el consejo busca que se indemnice económicamente al Estado y, además, se condenen energéticamente graves acciones como ésta, que dañan nuestro patrimonio intangible, representado por nuestros valores históricos y culturales".
Las piezas incautadas
Según el CDE, de las 102 piezas incautadas que se encontraban en su poder, 56 poseen categoría de monumento nacional, cinco tienen la condición de monumentos históricos (MH), una de monumento público (MP), 31 son monumentos arqueológicos (MA). Las 19 restantes corresponden a fósiles con categoría de monumentos paleontológicos (MP).
Además, se recuperaron 18 vasijas de cerámica de procedencia peruana, una pieza arqueológica de bronce repujado, también originaria de ese país, y otras 15 piezas textiles elaboradas con fibra vegetal o animal cuya procedencia no ha podido ser determinada.
La demanda del CDE subraya que es relevante considerar que el daño no sólo es material, ya que "la sustracción de estas obras escultóricas impide la comprensión, el entendimiento y la valorización patrimonial directa del área protegida en relación con cada uno de sus elementos integrantes y, viceversa, pues las esculturas resultan descontextualizadas".
Ello genera la pérdida del significado patrimonial más profundo y trascendente del monumento histórico, "que es lo que precisamente debe ser preservado para las futuras generaciones, siendo ese el propósito mismo de una declaratoria de monumento nacional. Todo ello provoca, en definitiva, un grave daño al acervo cultural del país", sostienen desde el consejo.
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