En medio del debate sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista y la decisión del gobierno de actualizarla, el Estado de Chile recibió ayer un duro golpe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al dejar sin efecto la aplicación de la polémica normativa en el caso de ocho mapuches que habían sido condenados bajo dicha jurisprudencia. La sentencia del tribunal internacional obliga al gobierno a aplicar todas las medidas necesarias para dejar sin efecto el fallo de la justicia chilena, por lo que recrudeció la discusión acerca de la eficacia de la norma tal como está planteada.
La sentencia establece que el Estado deberá asumir una serie de formas de reparación, entre las que destaca la que apunta a “adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias emitidas en contra de las ocho víctimas de este caso”. Ante lo cual, la Corte Suprema –a través de la ministra Gloria Ana Chevesich-aclaró que aunque no están definidos los plazos, “los fallos hay que cumplirlos”.
Desde el gobierno, el ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, validó el dictamen, señalando que “tenemos que respetar el fallo y ver cómo lo implementamos”. Sin embargo, fue categórico al aclarar que el hecho de que el Estado respete la decisión adoptada por la CIDH no debe “llamar a engaño, vamos a perseguir a todas las personas que están detrás de los hechos violentos porque demanda histórica, o no, no amerita violencia”. A juicio del brazo derecho de la presidenta Michelle Bachelet, “la verdad, es que no hay que llamar a la confusión, el gobierno hará todo lo posible para que quienes estén detrás de estos hechos paguen por ello”.
El fallo llega en un momento clave en el debate público y vuelve a colocar a Chile en la mira de los organismos internacionales, que ya antes expresaron la necesidad de modificar la Ley Antiterrorista, más aún cuando la CIDH acusa al Estado chileno de violar el principio de legalidad y presunción de inocencia de los mapuches que habían sido condenados en base a la normativa. En ese contexto el canciller Heraldo Muñoz fue cauteloso al comentar la sentencia, señalando que es necesario analizarla detenidamente antes de pronunciarse, pero adelantó que “Chile siempre ha cumplido con los fallos internacionales”.
Novoa replica duramente a diputado Schilling por asesinato de Guzmán
Otro actor que entró al debate a raíz de la preocupación que le provocó el anunciado proyecto que busca derogar derechamente la Ley Antiterrorista, uno de cuyos patrocinantes es el diputado socialista Marcelo Schilling, fue el presidente de la Fundación Jaime Guzmán, Jovino Novoa.
El ex senador gremialista no sólo se mostró en contra de la idea, sino que además fue enfático en advertir que "todo ordenamiento jurídico debe precaverse del terrorismo y es necesario tener una ley que funcione. Si la ley actual tiene errores, ineficiencias, ineficacias, lo que hay que hacer es preocuparse, efectivamente, de tener un buen ordenamiento jurídico, pero fundamentalmente de que exista la voluntad política de parte de la autoridad de enfrentar el terrorismo como lo que es, una verdadera amenaza a la democracia y al Estado de Derecho".
Pero, de lo general, Novoa pasó a lo particular, respondiendo en duros términos al legislador socialista que hace unos días descartó de plano que el asesinato de Jaime Guzmán fuera un crimen terrorista.
El ex senador calificó como "una absoluta ignorancia" de parte del diputado socialista, quien además "cumplió funciones en el aparato de seguridad del Estado", "tener un concepto tan gravemente equivocado", pues "sostiene que el terrorismo sólo puede ser ejercido por el Estado".
En este contexto, Novoa aclara que el terrorismo "es precisamente una acción contra el Estado, contra la sociedad jurídicamente organizada para causar temor" y que en ese plano caben situaciones como el asesinato del fundador de la UDI.
Respecto de lo que ocurre en La Araucanía, señaló que "no hay ninguna reivindicación que legitime el uso de la violencia", por lo que destacó que constituye "un error" no aplicar la Lay Antiterrorista, cuando hay actos que lo son".
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