A poco más de dos meses del anuncio del gobierno de impulsar el proyecto de Pago Oportuno, que busca beneficiar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC) ha seguido de cerca el avance del articulado en el Congreso. Cabe recordar que el gremio participó activamente en la mesa de trabajo liderada por el gobierno y fue el impulsor de la medida tendiente a prohibir el uso del crédito IVA en caso del no pago de factura.
En este camino, y en medio de los diversos cuestionamientos que están en el debate en los últimos días, el gremio valora que el actual proyecto en conjunto con iniciativas pasadas como la cuarta copia de la factura o la aceptación automática en ocho días, cierra la brecha de los abusos en el pago a las pymes de Chile. Sin embargo, el presidente de la CNC, Manuel Melero, plantea que hay algunos temas esenciales en los que aún se debe avanzar.
El principal de ellos, según el dirigente, es la prohibición del uso del crédito IVA si no se ha pagado la factura, "demanda que llevamos bastante tiempo impulsando desde la CNC ya que estamos convencidos que tendrá un efecto más relevante que las medidas ya aprobadas y aquellas incluidas en el proyecto actualmente en tramitación". "El gobierno, si bien lo consideró inicialmente, luego lo retiró aduciendo imposibilidades de implementación", sostiene.
Por esto, Melero agrega que es relevante realizar perfeccionamientos al texto en trámite, considerando además la reciente indicación presentada por el Ejecutivo, que establece que el Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá presentar a las comisiones de Economía de la Cámara y del Senado, en un plazo máximo de 24 meses desde la publicación de la ley, un informe que analice la factibilidad técnica de esta medida.
Al respecto, el timonel de la CNC califica como "excesivo" el plazo propuesto, ya que este tema debiera estar resuelto antes de fin de año y no el 2020 o 2021. "Esto, sobre todo tomando en consideración que el foco de esta administración es la de recuperar la inversión, lo que pasa necesariamente por apoyar a nuestras pymes", puntualiza.
También, la CNC propone avanzar en el pago a proveedores por parte del Estado. "Si bien se establece un plazo de 30 días -lo que ya ha sido regulado por la CGR-, establecer un plazo de 3 años para su entrada en vigencia respecto del área de la salud y municipalidades, nos parece excesivo, por lo que debiera ser revisado a la baja", asegura Melero.
El líder del gremio explica que se debe tomar esta medida sobretodo tomando en consideración que la administración anterior lo había establecido en dos años. "Además, preocupa la posibilidad que una vez vencido el plazo se presente un nuevo proyecto extendiendo este, como ha ocurrido en otras materias que consideran un costo fiscal, como es el caso del pago de cotizaciones previsionales y de salud por parte de trabajadores independientes", dice.
Y añade: "Debido a lo relevante de la materia y a que llevamos años sin mejoras reales en este asunto, debemos avanzar de manera ambiciosa y urgente con objeto de erradicar de una vez prácticas que afectan a las pymes a nuestro país en su conjunto. Por estas razones creemos que el proyecto aún no está redondo" sentenció.
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