por valentina fuentes j.
Una profunda reestructuración a la Ley Antiterrorista es la que estudia la comisión de abogados convocada por el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, para presentar -en un plazo de 60 días- una propuesta que ponga fin a las ambigüedades de las que se acusa a la normativa, algo que complica al gobierno en el actual contexto de los recientes atentados explosivos en espacios públicos y la situación de sucesivos hechos violentos en la Araucanía.
Aunque la ley ha sido sometida a más de cinco modificaciones en las últimas dos décadas, hoy, la voluntad del Ejecutivo es la reformulación profunda del mecanismo, lo que se refleja en el mandato de una “propuesta abierta y sin límites” de Peñailillo al equipo de expertos.
“Se nos está diciendo que, si así lo estimamos, partamos borrón y cuenta nueva”, dice el abogado coordinador de la instancia, Juan Pablo Hermosilla.
Así, el encargo poco tendría que ver con introducir “cambios menores” a la norma que, según él, es lo que ha existido hasta ahora.
La vertiente política
Que Peñailillo haya resuelto invocar la Ley Antiterrorista para el caso de la bomba que explosionó en la estación de metro Los Domínicos –hace 10 días- y, a su vez, señale que esta legislación no la aplicará para actos de violencia en el marco del conflicto mapuche, avivó el viejo debate que pone de manifiesto no sólo la controversia jurídica que encuentra el tema, sino también, su componente político.
En este sentido el gobierno se alinea con el argumento que ha expuesto la ONU para el caso chileno, que establece que en la situación particular de violencia en la Araucanía, la aplicación de la ley antiterrorista sólo agrava el problema social.
“De fábrica de 1984”
La actual legislación establece que para el uso de esta normativa se requiere comprobar la finalidad terrorista, que es –según la ley- la intención de producir temor en la población. Esta definición, a juicio de Hermosilla, hace que este delito sea “muy difícil de probar”, lo que se traduce, a su vez, en que “las acciones legales por delito terrorista, sean ineficientes y empiecen a producir absolución, tras absolución, tras absolución. Entonces, lo que está pasando es que se invoca esta ley y da bote, porque el concepto de terrorismo para lo cual fue creada, durante la dictadura, no calza con el contexto chileno de hoy día”.
Ese concepto es el que no ha sido modificado en los intentos por convertir la normativa en una herramienta eficaz, “se pudieron haber quitado unas presunciones, pero la estructura del concepto terrorista, viene de fábrica de 1984”, afirma el abogado.
En definitiva, la propuesta que estudian presentar los expertos podría ir desde la incorporación de normas al código penal o modificar sustantivamente la ley, hasta derogar el propio cuerpo legal y proponer uno completamente distinto.
Nuevas atribuciones
Pero los cambios no sólo apuntarían a la actualiazación de la normativa para adecuarla al contexto democrático, sino también a las herramientas disponibles para la investigación de estos delitos.
Ante las críticas a un sistema que no ha logrado encontrar responsables en los 26 ataques explosivos registrados en 2014, el Ministerio Público ha manifestado la necesidad de contar con mayores facultades para investigar los casos.
Este es un tema que también sería considerado en el documento final de la comisión, que prontamente se reunirá con la Fiscalía Nacional para luego analizar si convendría otorgarle más atribuciones.
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