Más rápido de lo esperado, e incluso de lo que más temprano había insinuado el Fiscal Nacional Sabás Chahuán, partió la investigación de la arista política del llamado caso Penta a cargo del fiscal Carlos Gajardo. Y es que, durante la tarde el persecutor instruyó una serie de diligencias destinadas a incautar material que pudiera servir de prueba para su indagatoria.
Así, pasadas las 17:00 horas se conoció que personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta el domicilio particular del ex presidenciable Andrés Velasco y hasta las oficinas del ex candidato a senador por Santiago Oriente de la UDI, Laurence Golborne, con el propósito de incautar elementos que permitieran comprobar su supuesta participación en el caso que instruye el fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la zona Metropolitana Oriente. En la primera diligencia, la policía no se habría llevado ningún material ni computador.
Sobre el procedimiento, se refirió más tarde quien fuera el jefe de campaña de Velasco, Juan José Santa Cruz, quien junto con cuestionar el operativo, aclaró que el ex presidenciable ya había entregado todos los antecedentes requeridos. “Tengo el derecho de preguntarme, con este procedimiento, qué hay detrás de todo esto”, manifestó dos veces en su escueta declaración.
En tanto, en el allanamiento a las oficinas de la consultora de comunicaciones que mantiene el ex postulante al Senado –Voxcom- se habría incautado la contabilidad de la empresa.
Desde la firma, emitieron un comunicado señalando que “VOXCOM informa que, en el marco de la investigación denominada “Caso Penta”, durante la tarde de hoy fue objeto de una visita de funcionarios de la Policía de Investigaciones. La consultora entregó la información requerida y voluntariamente aportó antecedentes y documentación adicionales a fin de colaborar con el pronto esclarecimiento de los hechos investigados”.
La sorpresiva diligencia alertó a otros organismos relacionados de uno u otro modo con la investigación, como es el caso de la sede del Congreso Nacional, en Valparaíso, desde donde se denunció el supuesto intento del senador Iván Moreira (UDI) -implicado en el caso- por recuperar algunos correos electrónicos durante su último período como diputado. Una reacción similar habrían adoptado en la sede de la UDI, donde tras conocer los allanamientos no descartaron que efectivos de la policía llegaran hasta el lugar donde tanto Moreira como la senadora Ena Von Baer –también mencionada en el caso- mantienen oficinas.
Las diligencias que habría encabezado el mismo Gajardo contrastaron con las declaraciones que sólo horas antes había realizado el Fiscal Nacional en orden a que la denuncia presentada por el Servicio de Impuestos Internos y que permitió abrir la arista política, señalando que era más acotada de lo se presumía. “No es todo lo amplia que ha salido en la prensa, pero sí es importante porque permite desarrollar una serie de líneas investigativas respecto de eventuales imputados que antes no se podían desarrollar”. Y precisó -en ADN radio- que la acción “se dirige solo contra aquellos que habrían utilizado las boletas, no contra los emisores”.
Peñailillo y el caso
Horas antes de las diligencias emprendidas por la Fiscalía, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, fijó la posición de La Moneda, en cuanto a que el SII y el Ministerio Público deben realizar con plena “autonomía” la investigación en relación a la eventual presentación de boletas y facturas falsas por parte del grupo Penta. “Dejemos que la justicia haga su trabajo en forma autónoma. Al gobierno no le corresponde calificar los informes que ha enviado el SII”. En la misma línea de lo sostenido el pasado lunes por el vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, el titular de Interior reforzó la idea expresada ese día, en relación a que el gobierno no estará dispuesto a un acuerdo político con la UDI que tenga relación con la arista judicial: “Lo descarto absolutamente.
No tiene relación plantear una agenda de largo plazo con respecto a la transparencia en materia de financiamiento de la política con una investigación judicial que al gobierno no le compete intervenir, sino todo lo contrario. Por lo tanto, lo descarto tajantemente”, dijo. No obstante, aclaró que en materia de la nueva ley de financiamiento de la política y de transparencia, la UDI tiene las puertas abiertas para aportar: “bienvenido sea si la UDI quiere legislar, y quiero destacar que al parecer todos los partidos están disponibles para que en Chile haya una legislación más transparente”, sentenció.
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