Por Rodolfo Carrasco M.
Por unanimidad la Cámara de Diputados aprobó y despacho a ley el proyecto de ley impulsado por el diputado PPD Felipe Harboe que modifica el uso de los antecedentes comerciales de Dicom y que, entre otros aspectos, prohíbe su uso para no contratar a personas o impedir una atención médica.
Harboe destacó que “la ley va a beneficiar a más de cuatro millones de personas, no se trata ni de frescos ni de defraudadores, sino de personas honestas que por alguna circunstancia han caído en Dicom. Hoy se hace justicia y prohíbe que se condicionen los trabajos a los antecedentes comerciales”.
Agregó que “lo más importante es que todas aquellas personas que hayan tenido o tengan un registro en Dicom al 31 de diciembre de 2011 por deudas inferiores a $2.500.000 van a ser borrados de los registros. Esto va a significar una tremenda ayuda para miles de personas que sufren y no pueden encontrar trabajo para pagar sus deudas”. Se precisa que lo anterior no condona la deuda, sino que permite a la persona acceder a un trabajo y así cumplir con sus obligaciones crediticias.
Añadió que también con la nueva norma “nunca más un padre va a tener que sufrir la desesperación de estar en una sala de urgencia y que su hijo no pueda ser atendido por el sólo hecho de estar en Dicom”.
La normativa, que se espera sea promulgada en febrero, acaba con la posibilidad de incorporar en Dicom las deudas repactadas y establece que toda persona va a tener el derecho de exigir tres veces al año un registro para saber quién está consultando sus antecedentes.
A partir de la vigencia de la ley no podrán consultarse antecedentes comerciales, salvo el comercio establecido para el proceso del crédito y las entidades que participen de la evaluación de riesgo y sólo con ese fin. Si alguien quiere saber antecedentes comerciales de alguna persona se los tendrá que pedir a ella quien libremente decida si entregarlos o no.
La nueva normativa apunta a la oferta de esta información comercial, regulando a los responsables de registros o bancos de datos y a los distribuidores (comercializadores) de dicha información, obligándolos a cerrar los sistemas de acceso universal y circunscribirlos sólo a aquellas instituciones que evalúen riesgo para el proceso de crédito, cuyo incumplimiento arroja sanciones.
Ante eso, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, destacó que “muchos chilenos por distintas razones tienen una deuda que no pueden pagar y caen en Dicom. Y cuando caían en Dicom de acuerdo a la normativa antigua, se le cerraban muchas puertas. Dicom era consultado para fines laborales, y eso se acabó; para fines educacionales, y eso se acabó; era consultado incluso cuando uno requería de una prestación de salud y eso se acabó”.
“No contribuye al endeudamiento responsable”
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) manifestó ayer que la iniciativa se preocupa sólo de los “pequeños deudores”, olvidando totalmente “a los pequeños acreedores.
La institución manifestó que “los borrados perjudican a muchas personas esforzadas que, por algún traspié, no pudieron pagar a tiempo una deuda, pero que después lo hicieron, poniéndose al día con su acreedor. Esas personas no podrán diferenciarse de quienes irresponsablemente no pagan y esperan beneficiarse con el próximo borrón legal. Este tipo de medidas no contribuye al endeudamiento responsable”.
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