El que iba a ser el mejor Censo de la historia sigue causando noticia. Mientras el gobierno alista su nuevo plan censal, la arista penal tomó ribetes nuevos, ya que a la investigación que lleva el Ministerio Público se sumó una querella criminal que el miércoles pasado presentó el Consejo de Defensa del Estado en contra del ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, por el delito de falsificación de instrumento público “previsto y sancionado por el artículo 193 número 4 del código penal” y en contra de todos aquellos que resulten responsables, sin perjuicio de otros ílicitos que se puedan acreditar en el curso de la inverstigación.
Según el documento de 16 páginas, la querella se fundamenta en que “los hechos investigados hasta la fecha giran entorno al presunto falseamiento de cifras del censo 2012, mediante la inclusión de datos no reales, sino que estimados, a partir de la metodología de levantamiento de información que se distancia de lo que debió ser aplicada”.
La querella argumenta que el Censo 2012 se comenzó a trabajar en 2008 pensando en la realización de un censo de hecho, sin embargo, en agosto de 2011, el en ese entonces director del ente estadístico, Francisco Labbé, decidió cambiar el tipo de censo a uno de derecho. “Esta modificación es relevante, ya que cambia de modo relevante las metodologías de levantamiento de información y con ello las reglas aplicadas”, se dice.
Este cambio fue informado a los organismos internacionales, como Celade, en octubre de 2011, quienes por lo “intempestivo del cambio recomendaron no realizar esa modificación, porque podría afectar los resultados y la calidad del Censo 2012, sin embargo, Labbé desestimó dichas recomendaciones y siguió adelante con su plan. Asimismo, del texto se desprende que la adulteración de datos oficiales se habría presentado con dos grupos de viviendas: las no logradas y las con moradores ausentes.
“En la presentación de los resultados no sólo se clonó el número de habitantes, sino que también características personales como la religión, fecundidad y orientación sexual”. Este hecho fue advertido por el equipo técnico de Labbé, sin embargo, fue desestimado y siguió adelante con su programa.
El ex director del INE ordenó estimar 90.000 mil viviendas más que son aquellas que surgen de la diferencia de la encuesta pre censal. Este proceder de Labbé no se utiliza en ninguna otra parte del mundo y, a la vez, esta metodología no fue informada en la publicación de las cifras. Ahora bien, otro de los errores fue omitir en la presentación de los datos oficiales la población realmente censada con los estimados.
De esta manera, “la parte que representó (CDE) considera que en el actual estado de la investigación los hechos precedentemente consignados constituyen a lo menos el delito de falsedad ideológica de documento oficial”, finaliza la querella.
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